Quedan menos de cien días para que los poderes públicos garanticen a las personas con discapacidad y/o con movilidad reducida el uso de los elementos comunes en edificios públicos y privados en condiciones de igualdad con el resto de la ciudadanía. Así lo recoge el Real Decreto Legislativo 1/2013 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las personas con discapacidad. Hemos tenido diez años para que a ninguna persona se le discrimine por falta de accesibilidad o, también se puede afirmar o decir de otra guisa, hemos tenido diez años para que a ninguna persona no se le discrimine porque otra persona no cumple la Ley en materia de accesibilidad.
La pregunta es evidente: ¿estamos en disposición de cumplir los plazos?
Lamentablemente, y llueve sobre mojado, tenemos que responder que estamos seguros de que no se cumplirán los tiempos que nos cedieron ni las expectativas que se generaron. Será de las pocas veces que antes de que entren en vigor una serie de criterios que se han debido cumplir y que así lo indica una Ley, sabemos de antemano que no se van a consumar esas pautas ni ese mandato. Será de las pocas veces o no, pero el caso es que parece que esto de la accesibilidad es una cuestión baladí, que no se trata o no lo abordamos como un asunto prioritario, como una deuda o un deber histórico, que hay otros rompecabezas más importantes que resolver y que requieren toda la atención de aquellas personas que tienen la posibilidad y el deber de resolverlos. Con estas razones y con otros argumentos inconfesables, como la falta de asignaciones presupuestarias para el cumplimiento de una Ley, o la misma desidia o carencia de conocimiento que en ocasiones nos caracteriza al ser humano, tendrán que pasar, vete a saber cuántos años más, para que ninguna persona se vea en inferioridad de condiciones que otra por un problema de accesibilidad.
Y es que aún a día de hoy nos es más fácil entender y nos será más cotidiano ver a una persona pasear en una nave espacial alrededor de la tierra que ver a otra persona, que tenga un problema de movilidad o una discapacidad, disfrutar de un concierto en un festival de música o en las fiestas de su pueblo o presenciando una obra de teatro o visitando una iglesia o un monumento o ver a esa persona contemplar una exposición o disfrutar con sus amigos o con su familia de un musical o de una competición deportiva o reflexionando a la orilla del mar. Cosas cotidianas que nos hacen sentir bien, o al menos uno más.
Nos es más fácil asimilar que no tardando mucho tiempo podremos estar a miles de kilómetros en cuestión de minutos que comprender que a ninguna persona le puede suponer un esfuerzo supremo ejercer su derecho a votar por falta de accesibilidad en un colegio electoral o que a ninguna persona le debe suponer un ejercicio de aventura desplazarse de su pueblo a la ciudad porque no todas las paradas de tren son accesibles, ni todos los autocares o autobuses tampoco lo son. No nos parece que sea un problema muy grave ni tampoco nos parece que haya que echarse las manos a la cabeza porque haya personas que tengan serias dificultades para acceder a su puesto de trabajo o a su centro escolar o que no puedan ir a una excursión con sus compañeros o a un campamento por insuficiencias de accesibilidad en las instalaciones o en el transporte. No nos parece relevante que estemos construyendo una sociedad que sigue sin contemplar ni atender a la diversidad, que es un criterio que configura y caracteriza esa misma sociedad.
Puede resultar paradójico, pero es que primero están las necesidades de la mayoría y luego están las del resto y las personas con discapacidad o movilidad reducida formamos parte de ese resto o estamos ubicados en ese córner de la sociedad, el de la invisibilidad, pero lo cierto es que gracias al tesón y a la perseverancia de muchas personas con discapacidad y/o movilidad reducida, gracias a su ejemplo, paciencia y sacrificio durante todos estos años atrás, en la actualidad las personas que necesitamos accesibilidad en nuestras vidas para ser uno más, y que no solo somos las personas con discapacidad y/o movilidad reducida, sino también las personas mayores, las familias, las mujeres embarazadas, las personas que ocasionalmente tienen una lesión, entre otras, podemos desenvolvernos mejor en nuestras vidas. Mejor nos iría a todos, sin duda, porque la accesibilidad es beneficiosa para todas las personas sin excepción, si no esperáramos a sufrir en nuestras carnes y en nuestra dignidad directamente una mala experiencia derivada de la falta de accesibilidad. Y es que siempre esperamos hasta el final, el típico tópico de que siempre lo dejamos todo para última hora, y solo empatizamos o prevenimos para nuestro propio beneficio cuando ya nos ha ocurrido algo. A posteriori.
Lo he afirmado en otras ocasiones, la falta de accesibilidad es una de las formas más ignominiosas de discriminar a las personas. No te sientes parte de la sociedad cuando no puedes hacer lo mismo que hacen los demás o cuando tienes que soportar miradas displicentes cuando no puedes entrar en un comercio y tienes que esperar en la puerta y te encorajinas cuando tienes que desembolsar más dinero que los demás y más de lo que te puedes permitir cuando tienes que coger un taxi u hospedarte en un hotel. Sin embargo, formamos parte de esta sociedad y no moramos en ningún arrabal de esta sociedad y, a partir del 4 de diciembre exigimos un trato igualitario para poder acceder a los elementos comunes de espacios públicos y privados y recomendamos a todos los ciudadanos que no esperen a que les ocurra un infortunio y les sugerimos, porque somos muy prudentes, que no caigan en el error de creer que la accesibilidad es algo que no les incumbe, que es una cuestión secundaria o del resto. Hagamos nuestro, de todos, el deber y la posibilidad de exigir accesibilidad en nuestras vidas, denunciemos incluso cuando las circunstancias lo requieran, escojamos aquellos espacios, recursos, eventos o negocios que son responsables con las personas y consecuentes con la Ley y consideremos pasado a aquellos que no lo son. Quedan menos de cien días y es en beneficio de todos.
Por Francisco J. Sardón Peláez, Presidente PREDIF