La Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) ha insistido en la necesidad de configurar un Sistema Público de Servicios Sociales «de calidad y con derechos». Dentro de estos servicios sociales se incluye la ayuda a las personas más vulnerables: discapacidad, personas mayores, en situación de dependencia o pobreza, exclusión social…
Todo ello tras constatar que la pandemia ha aumentado debilidad del modelo actual, por lo que también solicita una Ley Estatal de Servicios Sociales, entre otras demandas.
A juicio de UGT, hay que superar el modelo asistencial por un nuevo ámbito de protección social basado en sistema de derechos sociales por lo que aboga por extender derechos universales a las personas, con garantía de equidad, eficiencia y suficiencia en el acceso a las prestaciones y servicios.
Según el sindicato, se pondría de este modo en marcha «un nuevo marco que vaya más allá del concepto asistencialista para pasar a hablar de derechos, derechos universales para toda la ciudadanía con especial incidencia de aquellas personas que más los necesitan, las personas más vulnerables de la sociedad».
Por ello, UGT ve fundamental configurar un Sistema Público de Servicios Sociales respetuoso con un Estado de Autonomías, como avance fundamental de la protección social ya que alerta de que, pese a estar reconocido constitucionalmente, «aún no está desarrollado política, institucional y económicamente» por lo que, si se quiere avanzar en la cohesión y en el compromiso social, «se debe desarrollar de un nuevo modelo de bienestar social que instaure un ámbito de protección de derechos sociales, basados en los principios de igualdad y universalidad.
«La debilidad del sistema de Servicios Sociales»
«Si esta crisis ha puesto algo de manifiesto ha sido la debilidad del sistema de servicios sociales», denuncia el sindicato, que recuerda que el sistema de Servicios Sociales se constituye como el cuarto pilar del Estado de Bienestar y está integrado por un conjunto de servicios y prestaciones, recogidos en distintas leyes autonómicas.
Defienden asimismo que el Estado debe promover el bienestar social de todas las personas, y en particular, cuando encuentran obstáculos en el disfrute y ejercicio de los derechos humanos y sociales.
Para ello, debe desarrollarse nuevo modelo de bienestar social universal y suficiente, que permita afrontar las nuevas situaciones de pobreza y la falta de empleo, especialmente de los más vulnerables; integrador e inclusivo que garantice el reconocimiento de derechos sociales y que hagan efectiva la plena integración social y laboral de la ciudadanía; y que sea garante de unas prestaciones mínimas suficientes para las personas que no tienen recursos suficientes.
También reclaman que sea «moderno y avanzado», y que garantice el derecho a la prevención, atención y cobertura de las necesidades más básicas de las personas por lo que piden una Ley Marco de Servicios Sociales, en la que, respetando la competencia autonómica, se establezcan los principios para garantizar una protección social universal, de derechos subjetivos, y de calidad de los servicios sociales.
Soluciones para apostar por la gestión pública de los servicios sociales
Además, solicitan un empleo de calidad para los profesionales del sector y un sistema de servicios sociales sólido y de responsabilidad pública, y abogan por apostar por la gestión pública de los servicios sociales; reclaman el aumento de la inversión económica para dotarles de medios económicos y profesionales suficientes, y piden fortalecer el catálogo de servicios de atención primaria, al tiempo que apuestan por una coordinación sociosanitaria, piden resolver la coordinación entre los servicios públicos de empleo y los servicios sociales y desarrollar una coordinación más estrecha entre políticas activas de empleo y políticas de integración social.
UGT añade que la experiencia vivida durante la pandemia ha alertado del riesgo que puede suponer un deficiente funcionamiento del sistema de servicios sociales a la hora de dar cobertura a las necesidades más básicas de la población, como la alimentación, el alojamiento, la protección de las personas mayores, con discapacidad, sin hogar, en situación de dependencia, en riesgo de pobreza o exclusión social, en definitiva, la población más vulnerable.
A su juicio, se ha producido un gran impacto social, especialmente en estos grupos, tanto a la hora de obtener los recursos más básicos, como en la atención y cuidados «en un escenario de supresión de algunos servicios sociales y, cierre de establecimientos como los centros día, centros de atención a las personas con discapacidad» que es «donde debe garantizarse la atención domiciliaria adecuada y pública», añaden.
La población se empobrece en España
El sindicato señala que, a largo de los últimos años, se ha producido un proceso de empobrecimiento de la población al que se suma el impacto del Covid-19 en España, que podría dejar a más de 790.000 personas en situación de pobreza severa, hasta alcanzar más de 5,1 millones de personas, lo supone un importante aumento, al pasar del 9,2% antes del coronavirus hasta el 10,86%.
UGT añade que las personas en esta situación son obligadas a vivir con ingresos extraordinariamente bajos o sin ellos; viven en hogares cuyos ingresos son inferiores al a 5.914 euros/año; lo que supone de disponer de 492 euros/mes, es decir, 16,4 euros/día. Respecto a la tasa de pobreza relativa, cuya cifra supone vivir con 24 euros al día, se incrementaría ascendiendo del 20,7% al 22,9%, alcanzando los 10,9 millones de personas.
Según el INE, en el cuarto trimestre de 2020, había 609.900 hogares sin ningún perceptor de ingresos, la cifra más alta desde 2016. Si e comparan los datos del cuarto trimestre del año 2019, la cifra se situaba en 565.300 hogares con todos sus miembros en paro.
La crisis del Covid-19 se ha visto alimentada por el agravamiento de la pobreza, el aumento de las desigualdades, la discriminación estructural y arraigada y otras brechas en la protección de los derechos humanos, cuya salida será muy difícil si no se realizan políticas contundentes y específicas que protejan a las personas más vulnerables, concluye UGT.