Las personas que tienen reconocido un determinado grado de discapacidad, tienen la posibilidad de cobrar una pensión pública del sistema español. Para ello, es conveniente que el ciudadano cumpla una serie de requisitos básicos.
Un grado de discapacidad del 33% es el mínimo que necesita una persona para acceder a diferentes beneficios fiscales y sociales que se habilitan para las personas con discapacidad en España. Existen diferentes ventajas para personas con discapacidad en función del Gobierno central, gobiernos autonómicos o gobiernos locales.
Pensión por discapacidad
Una de las pensiones que puede recibir una persona con discapacidad en España, es la pensión no contributiva de invalidez del IMSERSO (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). Las personas con discapacidad que cumplan con las condiciones básicas, podrán percibir este tipo de pensión.
En concreto, desde el IMSERSO señalan que «La pensión no contributiva de invalidez asegura a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva».
Para tener derecho a percibir una pensión no contributiva de invalidez, es necesario tener reconocida una discapacidad igual o superior al 65%. Así, no existe ninguna pensión mensual que se pueda percibir con sólo un 33% de discapacidad reconocida.
La pensión no contributiva de incapacidad tiene un importe anual de 7.250,60 euros en 2024, y se devenga en 14 pagas al año. En caso de que la persona beneficiaria tenga reconocida una discapacidad igual o superior al 75%, podrá percibir un complemento económico de 3.625,30 euros anuales.
Beneficios para personas con discapacidad del 33%
Tal y como hemos comentado inicialmente, tener una discapacidad reconocida del 33% no da derecho a percibir ningún tipo de pensión. Así, la discapacidad debe estar reconocida por parte de los Servicios Sociales de cada Comunidad Autónoma correspondiente.
En este punto, también es necesario hacer mención a las pensiones de incapacidad permanente. Concretamente, el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente genera en el ciudadano una asimilación de discapacidad del 33% en el ámbito laboral, aunque no se le haya reconocido una discapacidad de manera oficial por parte de los Servicios Sociales.
Es decir, las personas que tienen reconocida una pensión de incapacidad permanente, tienen la posibilidad de acceder a las ofertas de trabajo destinadas específicamente a las personas con discapacidad. Hablamos tanto de ofertas de empleo público como de ofertas de empresas privadas.
Así, las personas que tienen reconocida oficialmente una discapacidad igual o superior al 33%, tienen la posibilidad de acceder diferentes beneficios sociales y fiscales, como los que enumeramos a continuación:
- Una reducción en el IRPF (Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas). Se trata de un beneficio importante a la hora de realizar la Declaración de la Renta.
- Acceso a ofertas de empleo específicas en el ámbito laboral.
- Reducción del IVA en la compra de un vehículo especial.
- Exención en el impuesto de matriculación de vehículos.
- Exención en el impuesto de circulación de vehículos.
- Ayudas para la compra de una vivienda.
- Descuentos para viajar en el transporte público.
- Acceso a plazas reservadas de aparcamiento.
- Becas para educación.
- Descuentos en actividades de ocio y cultura.
Podemos afirmar que, actualmente, no existe ninguna pensión que se pueda cobrar con un 33% de discapacidad, aunque estos ciudadanos tienen derecho a acceder a diferentes beneficios sociales y fiscales. Para cobrar una pensión por discapacidad, el grado más bajo que se debe tener reconocido es de un 65%.