El CERMI aseguró que «la salud de la democracia avanzada pasa por la respuesta que demos a las cuestiones sociales”. De esta manera urgió al nuevo Ejecutivo que se forme a que estos asuntos estén en el centro de la agenda política.
Así lo dijo la entidad a Servimedia después de que el Congreso de los Diputados diera el visto bueno a la investidura de Sánchez por 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.
“Desde una perspectiva social amplia, lo primero que cabría esperar es que se impulse una ley de renta básica estatal, con el fin de asegurar unos ingresos mínimos a todas las personas que se encuentren en situación de necesidad social”, afirmó el Cermi.
Además, puntualizó que, aunque hay normativas de cuestiones sociales a nivel autonómico, existen carencias “y se precisa una respuesta de país”.
En cuanto a medidas concretas sobre discapacidad, el Cermi subraya la necesidad de aprobar la reforma del artículo 49 de la Constitución. Para ello, avisa que los trabajos estaban “muy avanzados” antes de las elecciones generales de abril.
El objetivo era actualizar la terminología con la que se hace alusión a las personas con discapacidad y para reforzar la protección de sus derechos.
Vicepresidencia social
Entre las demandas planteadas por el Cermi en cuestiones sociales:
- Modificar el Código Civil para pasar de un modelo basado en la supresión de la capacidad jurídica a otro centrado en la previsión de apoyos para la toma de decisiones
- Erradicar las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que sufren sobre todo mujeres y adolescentes
- Reforzar la apuesta por la asistencia personal
- Garantizar la accesibilidad universal de los principales entornos, servicios y productos de interés, incluidos los edificios de viviendas
Por otro lado, el Cermi saluda la decisión de crear una Vicepresidencia social, porque “significa que estos asuntos ganan posiciones”. Siempre y cuando el objetivo sea resolver en materia de cuestiones sociales.
A su juicio, “lo social siempre ha sido subalterno, de segundo nivel, cuando la Constitución declara a España, como primer atributo, como Estado social, y en las preocupaciones ciudadanas figura en todo momento como prioridad”.
“Hace falta un Ministerio de Derechos Sociales con identidad propia, con personas con experiencia y con participación de la sociedad civil, que sea abierto y poroso”, concluye el Cermi.