El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales (ADYGSS) han pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que valore el sistema de la atención a la dependencia y la discapacidad, después de que éste haya indicado este miércoles en el Congreso que este sistema «nunca ha tenido la dignidad que se merece como cuarto pilar del Estado del bienestar».
«Está bien lo que ha dicho, pero lo que necesita ahora es ponerlo en práctica, reorientarlo, porque está más muerto que vivo en estos momentos», ha advertido en declaraciones a Europa Press el presidente del CERMI.
«Hemos denunciado en multitud de ocasiones que es un sistema al ralentí, es una máquina averiada, y desde el movimiento de la discapacidad y de mayores hay un sentimiento generalizado de decepción, de sentirnos defraudados, incluso de cierta estafa, en relación a lo que se prometió: ser el cuarto pilar del Estado de Bienestar», señala Cayo.
En cualquier caso, valora el reconocimiento de Sánchez, aunque le pide que lo ponga en práctica: «Está bien que la clase política comience a tener conciencia de lo deficitario que es el sistema».
No obstante, considera que las palabras de Sánchez insuflan «esperanza», si bien ha insistido en la importancia de llegar a un acuerdo para alcanzar un Pacto de Estado por la dependencia con el objetivo de «sacar de la UCI al sistema», que sufre «retrasos enormes».
Prestaciones insignificantes para personas con discapacidad
En concreto, denuncia que son «insignificantes» el número de prestaciones de asistencia personal y que éstas «no tienen regulación». Además, la autonomía personal también se ha «sacrificado», adoptando una «visión de la dependencia más pasiva», esto es, de atender situaciones pero no promover que la persona pueda trabajar, divertirse, estar incluida en la comunidad o practicar deporte, que es la visión «promotora y activa» que, según dice, promueven desde CERMI.
El coordinador de estudios de ADYGSS, Gustavo García, coincide con Cayo. Según señala en declaraciones a Europa Press, la asociación lleva desde 2007 «diciendo lo que hay». «Fallecen 30.000 personas al año sin estar atendidas», avisa García, que asegura que se trata de un «drama muy grave que no se puede retrasar».
Con respecto al Pacto de Estado, celebra que haya unanimidad en las fuerzas políticas, pero reclama su salida adelante mediante un decreto de urgencia.
