El 70% de las personas con discapacidad intelectual que son víctimas de abusos o violencia son mujeres. Así lo recoge el balance publicado por la Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual (Uavdi) de la Fundación a la Par. Dicho balance en 2020 cumple una década de actividad.
De los 1.036 casos atendidos hasta la fecha, un 70% tuvieron a una mujer como víctima, frente a un 30% de víctimas masculinas. Para Jacobo Cendra, director de Uavdi, lo más preocupante es que este desfase entre mujeres y hombres víctimas de abusos «se mantiene año tras año»».
Según apuntó, la trata de personas es otra lacra que se ceba con las personas con discapacidad intelectual, sobre todo con las mujeres. En la Uavdi, los casos relacionados con este delito atendidos entre 2017 y 2019 aumentaron en casi un 50% cada año. Si en 2017 se contabilizaron 7 casos de trata, en 2019 el número de víctimas ascendió a un total de 15 (más del doble en apenas tres años).
Más denuncias
La nota esperanzadora la ponen las denuncias, señalan desde la fundación.
Si en 2015 solo un 38% de las mujeres atendidas se atrevió a dar el paso de denunciar a sus agresores en el teléfono de la unidad, en 2019 ese porcentaje aumentó en más de veinte puntos porcentuales, hasta el 60%.
La Unidad de Atención a Víctimas con Discapacidad Intelectual de la Fundación a la Par nació en 2010 en colaboración con la Policía y la Guardia Civil, con el objetivo de dar respuesta a «una dramática realidad»: ocho de cada 10 personas con discapacidad intelectual sufrirán algún tipo de abuso o maltrato a lo largo de su vida. En el caso de mujeres o niñas con discapacidad intelectual, las probabilidades pueden llegar a triplicarse, aclaró Cendra.
Por lo general, son diferentes formas de maltrato y violencia de tipo sexual. En un porcentaje elevado se producen en el entorno más próximo de la víctima.
En la Fundación A la Par se apoya a las víctimas de este tipo de agresiones y a sus familiares. Se les ofrece atención clínica y psicoterapéutica, asesoramiento legal y el soporte de un guía -el facilitador- que orienta a la persona con discapacidad intelectual a través de eventuales procesos penales, a fin de garantizar su acceso a la justicia en condiciones de igualdad.