Luz verde por parte del Senado al Proyecto de Ley para reformar el Estatuto de los Trabajadores, y la Ley General de la Seguridad Social con el fin de eliminar la automaticidad de la extinción del contrato laboral de las personas que acceden a la situación de incapacidad permanente. Una medida que llevaba esperando el sector de la discapacidad desde hace mucho tiempo.
Ha sido este martes 22 de abril cuando el Pleno del Senado ha aprobado definitivamente dicho proyecto, que ha contado con el voto a favor de todos los grupos excepto VOX, que ha votado en contra. En total, ha obtenido 251 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones.
Eliminar el despido automático por incapacidad permanente
Desde el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) han asegurado que el objetivo de la ley es eliminar el despido automático en casos de incapacidad permanente y condicionar la decisión empresarial del despido a la voluntad de la persona trabajadora y a la posibilidad de adaptar el puesto de trabajo o a la existencia de un puesto de trabajo vacante y disponible acorde con su perfil profesional y compatible con su nueva situación.
De este modo, según recoge el Senado en una nota de prensa, es que la empresa únicamente podría activar esta causa de despido cuando la adopción de las anteriores medidas suponga una carga excesiva. Asimismo, se plantea una reforma del artículo 49.1 del Estatuto de los Trabajadores, para desvincular el régimen jurídico de la muerte de la persona trabajadora, como causa de extinción del contrato de trabajo, del aplicable a los supuestos de incapacidad permanente.
Adaptar los puestos de trabajo por incapacidad permanente
Entre las modificaciones incorporadas a su paso por el Congreso, se incorporó una enmienda que encarga al Gobierno que, en el plazo de un año, apruebe una ley que permita adaptar los puestos de trabajo de los guardias civiles, policías nacionales y militares de las Fuerzas Armadas con discapacidad. Según la ley, las empresas pueden ahorrarse la adaptación del puesto de trabajo si ello le supone una «carga excesiva». Sin embargo, se ha incorporado una enmienda de Podemos para precisar que si el coste de esa adaptación no supera la indemnización que habría que pagar por despedir al trabajador, o el pago de seis meses del salario, la empresa no podrá alegar esa «carga excesiva».
Desde el CERMI, tras la aprobación del texto en la Comisión del Congreso, han explicado que se estaba produciendo una «discriminación histórica que aún subsistía» en el ordenamiento jurídico-laboral. «El CERMI agradece al Gobierno, a través del ministerio que dirige Yolanda Díaz, y a los grupos políticos, respectivamente, el impulso y el extenso respaldo dados a esta iniciativa, que era un asunto de primera importancia en la agenda política de la discapacidad organizada», aseguran.
Debemos de tener en cuenta que la incapacidad permanente, según la define la Seguridad Social, es una «prestación que se reconoce al trabajador cuando, después de haber estado sometido al tratamiento prescrito y haber sido dado de alta médicamente, presente reducciones anatómicas o funcionales graves, previsiblemente definitivas, que disminuyan o anulen su capacidad laboral».