El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la toma en consideración de una proposición de ley para garantizar la accesibilidad cognitiva de las personas con dificultades de comprensión y comunicación del entorno físico, el transporte, la información y la comunicación, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones a disposición o de uso público, tanto en zonas urbanas como rurales.
Se trata de una iniciativa que modifica la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, para establecer y regular la accesibilidad cognitiva y sus condiciones de exigencia y aplicación, presentada por Ciudadanos (Cs).
El texto cuenta con los apoyos suficientes de PSOE, PP, ERC, PNV, Más País y Junts per Cataluña. La iniciativa será remitida al Congreso de los Diputados para seguir su tramitación parlamentaria.
Presentada por el senador de Cs Tomás Marcos, defiende que la accesibilidad es «una condición previa» para que las personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en la sociedad en igualdad de condiciones. «La accesibilidad es para todas las personas», ha subrayado.
Plena Inclusión y CERMI
Plena Inclusión y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) habían solicitado a todos los grupos que apoyaran la toma en consideración de la proposición porque «pretende ensanchar la regulación legal de la accesibilidad universal incorporando la dimensión de la accesibilidad cognitiva, que no tiene aún ordenación normativa en el Derecho español de la Discapacidad».
En el texto, recogido por Europa Press, la formación ‘naranja’ argumenta que el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, en las observaciones finales de los informes periódicos sobre España sobre el cumplimiento de la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad, «ya llama la atención sobre la necesidad de garantizar la accesibilidad cognitiva».
«Ámbitos como el acceso a los servicios de justicia, libertad de expresión y de opinión, acceso a la información a la salud y la participación en asuntos políticos y públicos, entre otros», destaca el partido liderado por Inés Arrimadas.
Barreras técnicas y ambientales
En este sentido, Cs pone de relieve que España dispone de legislación relacionada con la accesibilidad universal desde el año 2003, pero advierte de que las personas con dificultades de comprensión y comunicación, «todavía se enfrentan a diario a entornos cognitivamente no accesibles caracterizados por la presencia de barreras técnicas y ambientales, barreras de un entorno que se encuentran bajo el pleno control de la sociedad».
«Esta modificación legal, que robustecerá el ejercicio de los derechos y la participación comunitaria en mayor plenitud por parte de un numeroso grupo de personas con discapacidad, trasciende además a este sector social, extendiendo sus efectos benéficos y de mejora colectiva a otros segmentos de la comunidad como las personas mayores, personas visitantes o residentes en el país que no conocen suficientemente las lenguas oficiales y personas con reducido nivel de alfabetización, entre otros», añade Ciudadanos en la exposición de motivos.
De este modo, la ley consta de un artículo único que incluye la modificación y la adición de diversos artículos a la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.
En primer término, se modifica el artículo 2 sobre definiciones, al que se incorporan dos nuevas letras I) y ñ), que introducen las definiciones de accesibilidad cognitiva y de lectura fácil.
Además, se cambia el artículo 5 sobre el ámbito de aplicación de la ley para aclarar de forma explícita que la accesibilidad cognitiva se encuentra incluida dentro de cualquier referencia a la accesibilidad universal.
Estudios integrales sobre accesibilidad cognitiva
También se modifica el apartado 1 del artículo 23, para añadir que la obligación del Gobierno de regular las condiciones de accesibilidad y no discriminación, incluye la obligación de determinar y regular estas condiciones cuando de accesibilidad cognitiva se trata.
Se incluye dentro de los apoyos complementarios previstos la lectura fácil, y se establece lo que debe considerarse como condiciones básicas de accesibilidad cognitiva. Además, concreta cuáles deberán ser los ámbitos sobre los que se habrán de proyectar detalladamente estas condiciones básicas.
Por otro lado, establece que en el plazo máximo de dos años el Gobierno deberá haber realizado los estudios integrales sobre accesibilidad cognitiva previos al desarrollo normativo específico sobre las condiciones básicas para dicha accesibilidad, y en el mismo plazo deberá haber aprobado el Reglamento específico por el que se desarrollen las condiciones básicas de accesibilidad cognitiva.
Asimismo, obliga a que el Ejecutivo apruebe un Plan Nacional de Promoción de la Accesibilidad Cognitiva, con vigencia 2020-2025; y dispone la creación del Centro de Referencia Estatal de Accesibilidad Cognitiva, como organismo dependiente del Real Patronato sobre Discapacidad.
Su finalidad sería la de realizar estudios, investigaciones, fomentar la generación y transferencia de conocimiento, la formación y cualificación, el registro y extensión de buenas prácticas, la observación de la realidad y las tendencias, las acciones de prospectiva, el seguimiento y la evaluación y, en general, la promoción de todo lo relativo a la accesibilidad cognitiva en España.