Las discapacidad, si algo bueno tiene, es que las personas que la padecen son capaces de absolutamente todo lo que se propongan. Esta enfermedad, causada por múltiples motivos, les inyecta una valentía y una forma de hacer frente a la vida realmente admirable. Por ello, más que nunca, se debe pelear por la igualdad de oportunidades y por defender con uñas y dientes sus «derechos humanos«, como luce en la Constitución Española.
Para lograr esta equiparación, a todos los niveles, se debe hacer una labor de conciencia ciudadana que, bien es cierto, se ha trabajado en los -últimos años, poniendo el concepto de accesibilidad en el epicentro de la sociedad. No obstante, estas palabras hay que trasladarlas a hechos y acciones dentro de las empresas. Así, el propio Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha instado a las compañías a trabajar para que las personas puedan consumir productos y servicios «sin discriminaciones», moldeando más y mejor el término de inclusión.
Real Decreto de empleo público
Con motivo del Día de la Discapacidad, el Ministerio de Transformación Digital y la Secretaría de Estado de Función Pública han publicado la Consulta Previa al Proyecto de Real Decreto por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad.
De esta manera, esta nueva normativa pretende solucionar una serie de problemas en materia de accesibilidad y adaptación sobre este colectivo, tan vulnerable en determinadas circunstancias. A través de sus redes sociales, el Real Patronato sobre Discapacidad ha anunciado la entrada en vigor de esta Consulta Previa, con el propósito de que las personas que sufren algún tipo de discapacidad, sin distinción de grado, se encuentren en igualdad de condiciones y amparados por los mismos Derechos Humanos.
Así mismo, según se establece en el documento, al que ha tenido acceso TodoDisca, la evolución tecnológica y los cambios sociales exigen la implantación de procesos selectivos «más accesibles y adaptados». También hace referencia a la provisión de puestos de trabajo que «consideren las necesidades específicas» de las personas con discapacidad, «promoviendo la igualdad de oportunidades y eliminando barreras«.
Esta nueva iniciativa, por tanto, busca abordar esta serie de desafíos, «actualizando el marco normativo para asegurar una integración plena y efectiva» de las personas con discapacidad en materia de empleo público. Del mismo modo, las instituciones se comprometen a trabajar «en consonancia con los principios de igualdad, no discriminación y accesibilidad universal«, tal y como se recoge en el Proyecto de este Real Decreto.
Objetivos de la norma
Mediante la entrada en vigor de esta nueva normativa, se pretende dar solución a una serie de problemas sociales, dirigidos, principalmente, a las personas que sufren algún tipo de discapacidad y que, en algún momento de sus vidas, han visto vulnerados sus derechos y condiciones de igualdad.
- Ofrecer certidumbre respecto al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de persoans con discapacidad.
- Establecer medidas concretas para derribar las barreras físicas, tecnológicas y procedimentales, asegurando su accesibilidad y adaptación a las necesidades de las personas con discapacidad.
- Actualizar el cupo de reserva de las plazas para las personas con discapacidad.
- Promover ajustes razonables y accesibilidad universal, garantizando que los puestos de trabajo estén adaptados a las necesidades individuales, favoreciendo la compatibilidad entre las funciones asignadas y sus capacidades.
- Fomentar la igualdad de oportunidades en la carrera profesional, incorporando medidas para que las personas con discapacidad puedan acceder a promociones internas en igualdad de condiciones.
- Clarificar conceptos pendientes de concreción en el ámbito del acceso al empleo público, en aras de una mayor seguridad jurídica.
- Consolidar una Administración inclusiva y representativa a través del respeto a la diversidad, la igualdad de oportunidades y el diseño universal, situando a la Administración Pública como un referente de inclusión laboral.