Robots informáticos para tramitar las pensiones no contributivas en Andalucía

La automatización de tareas mediante tecnología RPA (Robotic Process Automation) ha permitido la reducción del volumen de expedientes pendientes de resolver

Pensión no contributiva de jubilación

La tecnología da paso en la tramitación de las pensiones no contributivas en Andalucía. Así lo ha confirmado la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía. El organismo está utilizando robots informáticos para agilizar la tramitación de dichas ayudas y prestaciones.

Estos robots informáticos mediante tecnología RPA (Robotic Process Automation) han permitido agilizar la gestión de las pensiones no contributivas.

El objetivo de mejorar la tramitación de estas prestaciones, dada la importancia que tienen para una de las poblaciones más vulnerables de la sociedad andaluza.

Esta iniciativa está permitiendo agilizar los controles anuales que se realizan a las personas beneficiarias; así como el consiguiente beneficio en el volumen de expedientes pendientes de resolver.

Estos robots permiten realizar consultas para un total de más de 100.000 personas beneficiarias. A esto hay que sumarle los respectivos miembros de las unidades de convivencia. Esto implica un importante volumen de trabajo administrativo, que son los requisitos indispensables para poder aplicar la automatización de tareas mediante RPA.

Una tecnología fiable para valorar las pensiones

Esta tecnología permite configurar un software para emular las acciones de una interacción humana sobre aplicaciones informáticas. Entre otras, sus principales características son:

En la actualidad, el plazo de resolución de las pensiones no contributivas, que se gestionan a través de las Delegaciones Territoriales de la Consejería, se encuentra por debajo del tiempo promedio de resolución tanto en los casos de concesión como de denegación.

Aunque Andalucía tiene asumidas las competencias de gestión de las pensiones no contributivas, es competencia del Estado la regulación de los criterios de gestión de las mismas.

Pensión de jubilación

Sin embargo, la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, a través del I Plan de Personas Mayores de Andalucía, incluye el desarrollo de un programa estratégico denominado ‘Plan de mejora de la gestión de las pensiones no contributivas’ que engloba la agilización de su tramitación y la mejora de la coordinación entre los agentes implicados; la firma de convenios con la Agencia Tributaria y la Tesorería General de la Seguridad Social para acceder a los datos; la realización de cruces masivos de datos y la adquisición y adaptación de herramientas informáticas para ello; y la digitalización de procedimientos de acuerdo a lo que establece la normativa vigente.

Agilizar la tramitación de estas pensiones y las valoraciones de discapacidad

Esta medida se suma al plan de choque en materia de personal. Dicho plan busca agilizar la tramitación de estas pensiones y las valoraciones de discapacidad, que ha supuesto la incorporación de 31 personas en las distintas Delegaciones Territoriales con el objetivo de reducir los tiempos de respuesta a la ciudadanía.

Por otro lado, el departamento que dirige Rocío Ruiz ha propuesto al IMSERSO la reforma del artículo 368 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. Propuesta que se basa en contemplar otra forma alternativa para realizar la revisión anual de ingresos por parte de los órganos gestores de las Comunidades Autónomas que no implique la carga a las personas beneficiarias de un modelo de declaración anual.

Según el Procedimiento Unificado de Gestión que establece el IMSERSO, el plazo máximo para emitir y notificar resolución expresa es de 90 días hábiles a partir de la fecha en que se formule la solicitud por la persona interesada. A fecha de 22 mayo, el número de expedientes pendientes de resolver ascendía a 5.242, un número sensiblemente inferior a los 7.647 que había a 29 de febrero de 2020. Además, de estos más de cinco mil expedientes, 1.975 (un 37,68%) tienen el plazo suspendido esperando una respuesta por parte del solicitante a la petición de aportación de documentación realizada por la Administración.

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