El ‘robo’ de 2.500 euros que se hace sobre esta ayuda para personas con dependencia

Muchas familias denuncia a la Junta de Castilla y León por descontarles la "prestación por hijo a cargo" con dependencia y discapacidad del INSS

El 'robo' de 2.500 euros que se hace sobre esta ayuda para personas con dependencia

El 'robo' de 2.500 euros que se hace sobre esta ayuda para personas con dependencia

Muchas familias ha denunciado a la Junta de Castilla y León por haberles descontado desde 2018 de las prestaciones de la dependencia la cuantía que percibían del INSS por la «prestación por hijo a cargo», según la información de la Plataforma Social de Castilla y León. Y es que ahora, estos progenitores de graves dependientes han visto atendida su reclamación contra este gobierno.

Debemos de tener en cuenta que la prestación por hijo a cargo, como su propio nombre indica, reciben el familiar de una persona con discapacidad. Por ello, el descuento por parte de la Gerencia de Servicios Sociales de la Junta, a través los artículos 32,2 y 43,1 de la Orden FAM/6/2018/ de 11 de enero, de la prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio que la ley de la Dependencia les reconocía para que pudieran financiar un centro de día u otro servicio, se tradujo por parte de familiares de personas en situación de dependencia en la presentación de 32 recursos contencioso-administrativos ante los Juzgados de lo Social contra la Junta de Castilla y León.

El juzgado dio la ración a las familias

El Juzgado de lo Social dio la razón a las familias y la Junta de Castilla y León volvió a recurrir en apelación las sentencias que eran favorables a las familias y desfavorables. La cosa llegó a tal punto que acudió al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que volvió a fallar a favor de los afectados. Más tarde, hizo lo propio ante el Tribunal Supremo, aunque este no llego ni admitir la mayor parte de los recursos, mientras que el resto fue desistido.

Según recoge la Plataforma Social de Castilla y León, las distintas sentencias recogían que la Junta de Castilla y León estaba reduciendo a las familias la cuantía de la prestación económica para la adquisición de un servicio, y ello a partir de «una interpretación torticera de la ley».

El caso de una persona que perdía 2.500 euros al año

De hecho, pone de ejemplo el caso de Julio, una persona con un grado de dependencia 3, que es el máximo grado que existe. En este sentido, a través de la Ley de Dependencia, esta persona tendría derecho a una ayuda de 1.105 euros de prestación económica vinculada a la adquisición de un servicio. En este caso, el dinero lo destinaba a la contratación de una plaza en un centro de día para personas con discapacidad.

Sin embargo, la Junta le aplica una reducción de la «prestación por hijo a cargo» que recibía su padre, la cantidad se le reducía a 897. Esto quiere decir, que cada mes, Julio y su familia recibían 208 euros menos de la cantidad que realmente debería tener.

Ante las demoras de la Junta para aplicar las sentencias, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León publicó un «Edicto», lo que ha obligado a la Administración regional a modificar la Orden FAM/6/2018, anulando de los artículos 32,2 y 43,1, el siguiente texto: «o a favor de otras personas por su causa».

Una reducción injusta de su cuantía

Desde la Plataforma Social de Castilla y León han señalado que se estaba computando como ingresos de la persona en situación de dependencia la «prestación por hijo a cargo» a la hora de determinar el copago en los centros públicos y concertados para las personas con discapacidad, lo que suponía que se incrementaba la cuantía que tenían que abonar. Por este motivo, la Junta de Castilla y León se ha visto obligada a modificar el Decreto de Precios Públicos.

Además, la Plataforma Social de Castilla y León ha mostrado su agradecimiento a las familias que decidieron recurrir a los tribunales la Orden que «reducía injustamente» las cuantías de las prestaciones de la dependencia. Y es que, gracias a las mismas, todas las de Comunidad con hijos e hijas que reciben las prestaciones económicas de la dependencia han visto incrementadas sus cuantías.

Finalmente, la Plataforma Social de Castilla y León denuncia la «obstinación» de la Junta de Castilla y León que ha obligado a las familias a tener que seguir un largo proceso judicial para que pudieran conseguir las prestaciones que les correspondían y que la Administración regional «ha intentado reducir de forma torticera».

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