Venimos hablando en los últimos tiempos que el Gobierno de España ha aprobado el anteproyecto para reformar las leyes de Dependencia y de Discapacidad. En este artículo nos vamos a centrar en la dependencia, de cuya organización y gestión se encarga el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, conocido como IMSERSO, a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
La Ley de Dependencia, recogida en el Boletín Oficial del Estado (BOE), recoge que la dependencia «es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal».
Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha presentado esta reforma desde el Palacio de La Moncloa, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde ha destacado que con esta reforma legislativa se va a implantar «un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital, promoviendo el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal».
Los nuevos servicios que incluye la Ley de Dependencia
Una de las grandes novedades que incluye esta nueva Ley de Dependencia es la inclusión de nuevos servicios, centrándose en ampliar y reorganizar los servicios ofrecidos para centrarlos en la persona en lugar de ofrecerlos según un modelo asistencialista desarrollado en grandes residencias. Y es que, el antiguo «modelo ha quedado obsoleto». Por ello, el ministro es claro y asegura que «estamos dando pasos decisivos para incentivar la autonomía de cada persona dependiente y para consolidar su participación en la comunidad y su derecho a permanecer en el entorno elegido».
Debemos de tener en cuenta que esta reforma, además de ampliar servicios, busca revertir los revertir los recortes que se realizaron años atrás y garantizar más derechos a estos colectivos.
Si nos centramos en los servicios, esta nueva reforma de Ley de Dependencia amplía los servicios a los que pueden acceder las personas dependientes en España:
- Ayuda a domicilio fuera del hogar: En este caso, cubre los cuidados personales y domicilios. Es decir, se extiende a actuaciones en el entorno comunitario que van más allá de las necesidades de cuidado personal y domésticas. A partir de ahora, también ofrecerá cobertura para desplazamientos relacionados con visitas médicas o compras esenciales.
- Préstamo de productos de apoyo: Se creará un banco público con productos esenciales para personas en situación de dependencia. Hablamos de elementos básicos como silla de ruedas, camas articuladas o grúas.
- Asistencia personal más accesible: Hasta el momento, esta asistencia solamente se aplicaba a personas que estudian o trabajan. Con la reforma, se ampliará a todas las personas en situación de dependencia. Van a seguir un plan de actividades ajustado a la voluntad y preferencias que tenga cada persona, especialmente para aquellas que tienen mayores necesidades de apoyo.
- Prestación para cuidadores del entorno relacional: Amigos o vecinos también podrán considerarse como cuidadores, equiparándose a familiares.
Para más información puedes consultar la web del IMSERSO.
Si estás en situación de dependencia tienes un 33% de discapacidad
Pablo Bustinduy ha asegurado que la reforma no solo va a revertir recortes, sino que «blindará derechos para evitar que sean recortados en el futuro», y ha aludido a que los nuevos textos en Dependencia y en Discapacidad ofrecerán un marco legal a los usuarios y a las usuarias del sistema para poder reclamar aquellos servicios recogidos en la ley que no sean ofrecidos por los gobiernos autonómicos, que son quienes tienen la competencia exclusiva en esta materia.
Además, ha explicado que se van a simplificar «algunos trámites administrativos para poder acelerar los procedimientos. En este sentido, se va a establecer una pasarela directa para que las personas a las que se le concede cualquier grado de dependencia sean reconocidas con una discapacidad del 33%«.
Esta solución responde a la demanda que durante años se ha lanzado desde el sector de la dependencia, para que este colectivo también pueda acogerse a los descuentos, ayudas y beneficios que tienen las personas con discapacidad.