Una pensión de incapacidad permanente tiene como finalidad paliar la pérdida de ingresos que sufre un trabajador a causa de una lesión o enfermedad, que reduce o anula la capacidad laboral del mismo. Así, en España existen cuatro grados de incapacidad permanente, según la gravedad del estado del trabajador: Parcial, Total, Absoluta y Gran Invalidez.
Los diferentes tipos de incapacidad permanente se diferencian por el grado de invalidez laboral que presenta el trabajador, la posible compatibilidad de la pensión y una actividad laboral o los requisitos de acceso que exige el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
El principal organismo encargado de reconocer una pensión de incapacidad permanente es el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Sin embargo, los ciudadanos también tienen la posibilidad de obtener el reconocimiento de una pensión de este tipo a través de la vía judicial, como última instancia.
Incapacidad permanente total
La pensión de incapacidad permanente total inhabilita al trabajador para desarrollar su profesión habitual. Sin embargo, la incapacidad total puede ser compatible con el desarrollo de otras actividades laborales que no entren en conflicto con el grado de incapacidad reconocido por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
El reconocimiento de una incapacidad permanente total implica el derecho a percibir una pensión del 55% de la base reguladora del trabajador. Se aplica este porcentaje de la base reguladora debido a que se permite una amplia compatibilidad con otras actividades laborales.
Sin embargo, con la incapacidad permanente total cualificada se puede aumentar un 20% de la base reguladora. Es decir, percibir una pensión equivalente al 75% de la base reguladora. Para darse esta situación es necesario que la persona beneficiaria tenga 55 años o más y se encuentre inactiva en el ámbito laboral.
Requisitos en 2023
Para tener derecho a cobrar una pensión de incapacidad permanente total, el INSS exige el cumplimiento de una serie de requisitos a la persona solicitante. Por ejemplo, es necesario no haber cumplido la edad ordinaria de jubilación, salvo que el hecho causante sea una enfermedad profesional.
Cuando la incapacidad total deriva de accidente de trabajo, enfermedad profesional o accidente no laboral, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) no exige ningún requisito de cotización al ciudadano. Sin embargo, cuando deriva de enfermedad común, es obligatorio el cumplimiento de ciertos requisitos de cotización.
Al respecto, los profesionales de ‘CampmanyAbogados‘ argumentan que «si la causa de la incapacidad total es enfermedad común, siendo menor de 31 años es necesario haber cotizado un tercio del tiempo desde los 16 años. Y con 31 años o una edad superior, el periodo mínimo de cotización es de cinco años, siempre a partir de los 20 cumplidos. Y como carencia específica, un quinto de dicho periodo debe estar comprendido en los últimos 10 años (o en los 10 anteriores desde que cesó la obligación de cotizar, según casos)».
Como dato a tener en cuenta, es de recibo recordar que las cuantías de las pensiones de incapacidad permanente se han revalorizado un 8,5% en 2023, debido a la aplicación del mecanismo de revalorización de pensiones en función del IPC (Índice de Precios al Consumo) del año anterior.