El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); y la Fundación CERMI Mujeres (FCM); han calificado de «hito histórico» la aprobación en el Senado, este miércoles 2 de diciembre; de la Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal para prohibir la esterilización forzosa de personas con discapacidad.
Tal y como ha explicado CERMI, la erradicación de la esterilización forzosa supone un «logro impulsado desde la sociedad civil de la discapacidad». Esto supone «la corrección de una anomalía, del ordenamiento jurídico» español que «castigaba especialmente a las mujeres y adolescentes con discapacidad».
El presidente de la entidad, Luis Cayo Pérez Bueno, ha señalado que la esterilización forzosa es «una violación gravísima de los derechos humanos». Es por ello, que se ha celebrado que quede «por fin abolida, desterrada del tráfico jurídico, constituyendo en adelante, si se practicara, un delito».
«Una batalla larga»
«Ha sido una batalla larga, a veces desalentadora, por falta de receptividad de los gobiernos, de las fuerzas políticas, de los medios, para quienes los asuntos de discapacidad nunca son prioritarios, y siempre hay excusas a fin de no abordarlos», ha declarado Pérez Bueno.
Por su parte, la vicepresidenta de la Fundación CERMI Mujeres, Ana Peláez, ha manifestado que este logro «supone un hecho histórico tras años de lucha por conquistar un derecho fundamental que se ha robado a las mujeres y niñas con discapacidad de este país». «Los derechos de las mujeres y niñas con discapacidad no se tocan», ha manifestado.
Peláez ha recordado, en este sentido, que el convenio de Estambul del Consejo de Europa sobre violencia doméstica y violencia contra la mujer, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, son el marco legal de referencia que tiene que tener Europa y la Unión Europea y todos sus países miembros para proceder siguiendo el modelo de España.