Nuevo varapalo al Gobierno con respecto a la Ley de Dependencia. A las criticas de la Comunitat Valenciana se han sumado ahora la de la Xunta de Galicia, desde donde han indicado que las prestaciones asociadas a la dependencia podrían ser menores de las fijadas por el Gobierno. Y esto se debe a que el Gobierno ha anunciado una subida, pero es cada CCAA la que se hace cargo de ese tipo de prestaciones.
Desde la Xunta de Galicia han criticado la ausencia de diálogo, el desconocimiento y la falta de financiación de la reforma de la Ley de Dependencia aprobada por el Gobierno central. Así de clara ha sido María Francisca Gómez, secretaria general técnica de la Consellería de Política Social y Juventud, en la Comisión 5ª de Política Social, Sanidad y Empleo.
En su web, la Xunta de Galicia define la dependencia como «el estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, enfermedad o discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan la atención de otra o de otras personas o ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal».
Deben darse tres circunstancias para que una persona se encuentre en situación de dependencia:
- La existencia de una limitación (física, intelectual o sensorial) que merma determinadas capacidades de la persona.
- La incapacidad de la persona para realizar por sí misma las actividades de la vida diaria.
- La necesidad de asistencia por parte de una tercera persona.
UNA REFORMA «ELECTORALISTA»
Desde la Xunta de Galicia hacen hincapié en que algunas contradicciones que tiene esta reforma como, por ejemplo, el hecho de que establezca importes mínimos en servicios y prestaciones que antes no los tenían y que, además, son inferiores a los fijados en Galicia. Esto supondría que, en el caso de aplicarse en su literalidad, las personas usuarias de libranza de Servicios de Ayuda en el Hogar (SAF) y de centro de día percibirían importes inferiores a los que tienen en la actualidad.
Además, María Francisca Gómez señalaba que el Ejecutivo central no acerca fondos para aplicar los cambios en la normativa de la atención a la dependencia. En este sentido «el Gobierno convenida y las Comunidades Autónomas pagan». Al respeto, indicó que “llueve sobre mojado”, recordando que el Gobierno central está muy lejos de participar en el 50% de financiación que establece la Ley de Dependencia. Y es que, a día de hoy, Galicia sigue asumiendo el 70% del coste de los servicios y prestaciones por solamente el 30% que acerca la Administración General del Estado. Algo que enfada y mucho al Gobierno de Galicia.
La secretaria general técnica de la Consellería calificó de electoralista “esta reforma, publicada cuatro días antes de los comicios de 23 de julio sin avisar a las Comunidades Autónomas, sin saber si las administraciones autonómicas y locales que las gestionan están en condiciones de hacerlo y sin financiación».
A pesar de todo lo denunciado, desde la Xunta de Galicia han querido destacar todos los avances que se han llevado a cabo en la región em materia de dependencia. Y es que Galicia es la tercera en el porcentaje más alto de personas atendidas y que en los próximos días entrará en vigor el nuevo Decreto de la Dependencia, que mejorará el acceso a los servicios y prestaciones.
