Piden a la justicia que sea implacable con los delitos de odio hacia las personas con discapacidad

Piden a la justicia que sea implacable con los delitos de odio hacia las personas con discapacidad

Niña excluida de su grupo de amigos

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido a la Justicia que “sea implacable en el castigo de los autores de las conductas violentas contra personas con discapacidad”.

El Comité considera que “atentan y devastan la base misma de la convivencia social, victimizando aún más a un sector de población expuesto a todo tipo de vulneraciones de derechos”.

En concreto, hacen referencia a los sucesos ocurridos en la localidad catalana de Vallirana, en los que un joven con Asperger ha sido presuntamente objeto de agresiones sexuales y otros maltratos de extrema crueldad. Al parecer, estos actos vandálicos han sido cometidos presuntamente por un grupo de menores.

Por ello, requieren “una respuesta contundente de la Administración de Justicia, que repare en alguna medida lo que la sociedad en su conjunto no ha sabido asegurar ni preservar”.

El CERMI se une a la condena de estos actos

Desde el CERMI indican que “nos unimos a la rotunda condena expresada por las organizaciones catalanas y españolas que articulan al movimiento de personas con Asperger y con TEA y sus familias”.

Entre estas se encuentran Asperger España y Confederación Autismo España, que a su vez forman parte de la plataforma global de la discapacidad. Por ello reclaman no solo una reacción a estos hechos terribles, sino una acción preventiva que evite que sucesos de este tipo puedan producirse.

Los entornos educativos, sociales y cívicos, así como las estructuras y dispositivos administrativos, policiales y judiciales deben establecer alertas tempranas y mecanismos de prevención que aseguren la indemnidad de las personas con discapacidad e impida la consumación de estos comportamientos abyectos.

La responsabilidad es desde luego de quien comete estos delitos atroces, pero la sociedad tiene un deber general de garantizar la seguridad, la integridad y la vida de todas las personas, y más firmemente de quienes como las personas con discapacidad están colocadas estructuralmente en una posición de mayor vulnerabilidad.

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