Es una de las novedades contempladas en las nuevas leyes de discapacidad y dependencia, aprobadas en Consejo de Ministros, y con las cuales se aspira poder reducir listas de espera y trámites administrativos. Y ya es oficial: todas las personas que estén en una situación de dependencia pasarán a tener reconocido automáticamente el grado 33% de discapacidad. Así, el Gobierno pretende avanzar hacia la desinstitucionalización de los cuidados, erigiéndose sobre cuatro pilares fundamentales: autonomía, inclusión, accesibilidad y mujeres e infancia.
Del mismo modo, desde el Ministerio de Derechos Sociales, impulsor de la norma, inciden en que con esta iniciativa se adapta el sistema de dependencia a los «cambios sociales y demográficos» de los últimos años, en los que la población está cada vez más envejecida y las dinámicas de familia han cambiado. Por tanto, según esta institución, así se blinda el sistema de dependencia y se diseña un modelo de cuidados que fortalece el Estado de bienestar.
Multas por «mofa pública»
De este modo, y para agilizar la burocracia, la reforma concederá a cualquier persona a la que se le haya reconocido oficialmente una situación de dependencia el grado de discapacidad del 33%. No obstante, cualquier persona que quiera acreditar un grado superior de discapacidad sí que deberá pasar por los circuitos habituales para ello, es decir, someterse a un examen por parte del Tribunal Médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Por su parte, en el ámbito sanitario, el anteproyecto prohibirá cualquier tipo de discriminación de las personas con discapacidad a la hora de contratar seguros de salud o de vida. Se trata de una precisión que se establece ante las «cláusulas gravosas» que se imponen muchas veces a pacientes con algún tipo de discapacidad, como aquellos con Esclerosis Lateral Amiotrófica, a la hora de ofrecerles una póliza.
Por tanto, se endurece el procedimiento sancionador para regular como infracción grave la exposición de una persona por su discapacidad, «ya sea en un espectáculo, en una feria, en un local abierto al público o en las redes sociales». De este modo, según fuentes del Ministerio, aseguran que «vamos a poner este tipo de situaciones de mofa pública con una infracción muy grave», que detallan que esa sanción irá de los 600.000 al millón de euros.
Más servicios para la dependencia
En cuanto a la reforma de la ley de dependencia, la norma contempla modificaciones del catálogo de servicios actual, así como la creación de nuevas prestaciones en busca del bienestar de los colectivos afectados. Se modifica así el servicio de ayuda a domicilio, que podrá desarrollarse fuera del hogar, para que los auxiliares puedan acompañar a la persona dependiente al médico o a la compra, lo que, según Derechos Sociales, fomentará la autonomía de las personas.
Respecto a los nuevos servicios, también se crea un catálogo de productos de apoyo para la autonomía (sillas de ruedas, camas, etc.), en una especie de «banco público» para que las personas dependientes no tengan que invertir en objetos que les ayudan a permanecer en su vivienda y no tener que trasladarse a un centro. También se reconoce notablemente el derecho a la teleasistencia como derecho subjetivo para las personas dependientes que residan en su domicilio, y que tendrán acceso a un servicio «proactivo» y adaptado a las necesidades de accesibilidad de cada usuario.
Finalmente, desde el propio Ministerio también inciden en que las cuantías y las condiciones de los servicios deberán ser concretadas junto a las comunidades en un Consejo Interterritorial, que las plasmará luego en un decreto para regular las prestaciones.
