La lucha de José Hernández por mantener unidos a sus padres, Desiderio y Soledad, de 84 y 80 años respectivamente y ambos con Alzheimer, ha dado un giro decisivo. Tras recoger más de 90.000 firmas a través de la plataforma Change.org y presentar su petición ante la Junta de Extremadura, Hernández logró reunirse esta mañana con las autoridades del SEPAD, obteniendo una respuesta positiva: el matrimonio ingresará en la misma residencia en un plazo máximo de quince días.
Un clamor social por el derecho a no ser separados
La petición de José Hernández no solo buscaba garantizar que sus padres pudieran vivir juntos en sus últimos años, sino también cambiar la normativa autonómica para que todas las parejas dependientes en Extremadura puedan acceder a una residencia conjunta. La iniciativa ganó un apoyo masivo en redes sociales y plataformas digitales, impulsando a la dirección del SEPAD a analizar posibles modificaciones legales sobre esta situación.
«No queremos solo buenas palabras, sino una solución efectiva para mis padres y para todas las personas en la misma situación», declaró Hernández antes de la reunión. Su movilización evidenció un problema estructural que afecta a miles de familias, generando un debate sobre la necesidad de priorizar los vínculos familiares en las plazas de residencias públicas.
Un compromiso de la Junta: plaza conjunta en 15 días
El encuentro con Marta Pascual, jefa de la Unidad de Atención a las Personas Mayores del SEPAD, concluyó con un compromiso clave: se les concederá una plaza conjunta en una residencia, aunque no se encuentra en Plasencia, su lugar de origen. «Lo importante es que estarán juntos, despertarán en el mismo lugar y recibirán mejores cuidados», expresó Hernández tras conocer la resolución. Además, la Junta garantizó que, una vez haya disponibilidad, podrán ser trasladados a un centro más cercano.
El impacto de la petición y los próximos pasos
El apoyo de más de 95.000 personas fue determinante en la resolución del caso. «Solo no lo habría conseguido. Gracias a todas esas firmas, logramos que este tema se pusiera sobre la mesa», afirmó Hernández. Además, destacó que ha recibido incontables testimonios de familias en la misma situación, reafirmando la urgencia de una reforma legislativa.
Por el momento, la Junta ha dado un plazo de 48 horas para que la familia acepte la plaza, tras lo cual comenzará el proceso administrativo para su ingreso. «Hemos pedido que todo quede por escrito para asegurarnos de que se cumple lo acordado», aseguró Hernández, quien también adelantó que seguirá presionando para lograr una reforma estructural. «Este es solo el primer paso. No pararemos hasta que la ley garantice que ninguna pareja dependiente vuelva a ser separada por cuestiones burocráticas.»
Una lucha que marca precedente
El caso de Desiderio y Soledad sienta un precedente en Extremadura y podría generar cambios en otras comunidades autónomas que todavía no contemplan esta situación en su normativa. La presión ciudadana ha demostrado, una vez más, que las reformas pueden impulsarse desde la movilización social y que los derechos de las personas mayores merecen ser una prioridad en la agenda pública.