El Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España ya prepara significativas modificaciones en las condiciones laborales de los trabajadores de cara a 2025. El objetivo que persigue este paquete de medidas es afianzar una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos y, por ende, una mejora de la productividad de las empresas. De hecho, desde el Ejecutivo afirman que esta política de beneficios al trabajador podría repercutir en un mayor sentido de pertenencia hacia la compañía, lo que, por otra parte, también aumentaría el nivel de compromiso.
Para el aterrizaje de estas medidas, las negociaciones entre Gobierno, patronal y sindicatos son arduas, aunque desde la Administración deducen que ya se están cerrando acuerdos para cambiar notablemente la vida laboral de los trabajadores. De esta forma, desde el propio Ministerio deslizan que entre estas condiciones de mejora se encuentran algunos nexos tan importantes como la reducción de la jornada laboral a menos de 40 horas a la semana o la regulación de la desconexión digital, lo que implicaría, directamente, no tener que responder correos electrónicos o coger llamadas fuera del horario laboral. Además, el propio Gobierno ya prepara un plan de actuación, con ayuda de la Inteligencia Artificial, para controlar que las empresas cumplen «al 100%» este nuevo paquete de medidas para favorecer la calidad de vida de los trabajadores en España.
Reducción de la jornada laboral
La joya de la corona de este paquete de medidas. La propia ministra de trabajo, Yolanda Díaz, es la principal precursora de la propuesta de rebajar la jornada laboral de las 40 horas semanales a las 37,5, bajo la lupa de de mejorar la calidad de vida del empleado, aunque en un primer momento podría pactarse las 38,5 horas a la semana. No obstante, no es una negociación sencilla ni una idea fácil de aprobar.
La patronal, por su parte, no cede y no respalda esta nueva medida impulsada por el Ministerio de Trabajo. Desde esta institución, por tanto, aseveran que la reducción de la jornada laboral dejaría a las empresas en una situación de vulnerabilidad y que se verían afectadas de manera directa. De hecho, tanto la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) como la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han abandonado la negociación tras no llegar a un acuerdo, por lo que será el propio Gobierno, en colaboración con los sindicatos de trabajadores quienes acordarán esta reducción de jornada. Sin embargo, de acuerdo con la ministra Díaz, en declaraciones a la Cadena Ser, «será un proceso legislativo en torno a cinco o seis meses» para su entrada en vigor.
Desconexión digital
Cuando el horario laboral se termina, se termina. O eso pretende el Ejecutivo a través de su Ministerio de Trabajo, una institución que elabora una normativa para blindar el derecho a desconexión digital de los trabajadores. Se trata de una normativa que permite a los empleados no tener que responder a los mensajes que pueda recibir por parte de la empresa fuera del horario laboral.
En muchas ocasiones, los trabajadores han optado por responder una llamada o un correo electrónico fuera de su jornada laboral por mero compromiso hacia la empresa. O por temor a posibles represalias a no hacerlo. Sin embargo, la ministra asegura que es necesario regular la desconexión digital «para garantizar un equilibrio saludable entre la vida laboral y personal» de los trabajadores». Por tanto, de cara a 2025, la idea del Gobierno central es trabajar en la regulación de este derecho «de futuro», permitiendo al trabajador evitar estos mensajes hasta su regreso al puesto de trabajo.
Registro horario
El famoso ‘fichaje’ de los trabajadores para dejar constancia de su horario laboral tiende a desaparecer. Al menos, en papel y boli, según reclaman desde el Ministerio de Trabajo. La nueva medida que planea el Gobierno para el control horario de los empleados prohibirá esta manera de de registrar el horario a los trabajadores, en favor de una propuesta que se basa en que los empleados estén obligados a registrar sus horas de trabajo a través de un sistema digital, con el objetivo de facilitar el seguimiento de la Inspección de Trabajo para descubrir posibles irregularidades o actos fraudulentos.
Este registro telemático ya fue implantado hace años por la propia Yolanda Díaz, pero ahora se quiere implantar de manera obligatoria para las empresas, dejando a un lado el registro manual. Esta medida, por su parte, podría entrar en vigor a partir del 21 de diciembre de 2025.
Subida del SMI en 2025
El Salario Mínimo Interprofesional (SMI) continuará su escalada con vistas a 2025. Este ingreso se define como la cuantía retributiva mínima que percibe el trabajador referida a la jornada legal de trabajo. La cifra es regulada por el Gobierno anualmente, previa ronda de consulta con las organizaciones sindicales y las asociaciones empresariales más representativas. De esta manera, en el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero.
La ministra Díaz, en los últimos meses, ya ha iniciado contactos con los expertos de Trabajo y diferentes grupos parlamentarios que componen el Gobierno para valorar la viabilidad de esta subida. No obstante, si finalmente el Ejecutivo quiere elevar este salario medio, debe tener en cuenta que la cifra de inflación acumulada del IPC que se maneja actualmente es del 2,8%, por lo que la subida debe ser siempre superior. Por ello, si se confirman las previsiones, la subida del SMI podría alcanzar los 1.166 euros en 2025 «para proteger a las familias y personas trabajadoras», de acuerdo con Yolanda Díaz.
Auditorías algorítmicas
Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, la creación de estas auditorías supondrá un salto en materia de «transparencia» de cara a las empresas. De hecho, el objetivo que se persigue es descifrar las fórmulas matemáticas que utilizan algunas compañías para penalizar a trabajadores que se encuentran enfermos o se suman a una huelga, por lo que no acuden a su puesto de trabajo.
De esta manera, la propia ministra, en declaraciones a la Cadena Ser, afirma que los empleados tienen que conocer cuando pueden «estar siendo penalizados o cobrando incentivos menores» de los que real y legalmente les pertenece. Así mismo, explica Díaz, que esto se debe a un algoritmo que tiene un «sesgo a favor de la empresa que los penaliza».