Nuevos beneficios de tener un 33% de discapacidad con una incapacidad permanente total

Las personas con una incapacidad permanente volverán a tener automáticamente la consideración de discapacidad de, al menos, el 33%

Incapacidad permanente y discapacidad del 33._ Foto de Stock Adobe

El Congreso de los Diputados ha aprobado este 16 de febrero el Proyecto de Ley de Empleo. Entre las medidas aprobadas se recoge el reconocimiento automático de una discapacidad del 33% a las personas a las que se les conceda una pensión de incapacidad permanente total.

A petición de CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), el PSOE y Unidas Podemos presentaron una enmienda para la asimilación legal entre un 33% de discapacidad y las pensiones de incapacidad permanente.

Tal y como se aprobó, las personas que obtengan una pensión de incapacidad permanente total tendrán también el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad. Esto supondrá importantes beneficios para estas personas

Incapacidad permanente y discapacidad

El reconocimiento de una discapacidad del 33% permite a los usuarios con incapacidad permanente acceder a diferentes incentivos laborales. Hay que resaltar que las personas con incapacidad permanente presentan ciertas limitaciones para acceder a determinadas actividades laborales, debido a su condición.

Incapacidad permanente y discapacidad del 33%./ Foto de Canva
Incapacidad permanente y discapacidad del 33%./ Foto de Canva

Con todo ello, la enmienda realiza una modificación del artículo 35 de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social, tal y como recuerdan los compañeros de ‘Fidelitis‘.

En este sentido, dicha enmienda recoge lo siguiente: «A los efectos del presente capítulo VI y del ejercicio del derecho al trabajo de las personas con discapacidad, tendrán la consideración de personas con discapacidad las personas pensionistas de la Seguridad Social que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente en el grado de total, absoluta o gran invalidez, y las personas pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida una pensión de jubilación o de retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad».

Esta medida vuelve tras su eliminación en el año 2018. Así, ayuda a que numerosos pensionistas de la Seguridad Social sean consideradas personas con discapacidad a efectos de acceso al mercado laboral.

Más beneficios de la incapacidad total

Contar de forma automática con un grado de discapacidad del 33% también permite acceder a diferentes beneficios sociales y fiscales. Sin embargo, hay que tener en cuenta un matiz importante, ya que esta asimilación del grado de discapacidad del 33% con la incapacidad permanente sólo se aplica desde el punto de vista laboral.

Es decir, dicha asimilación no permite a los beneficiarios de una incapacidad permanente disfrutar de los beneficios sociales y fiscales a los que tienen derecho las personas con una discapacidad del 33%. Para ello, se debe obtener un certificado expedido por los servicios sociales de la comunidad autónoma que le corresponda.

Respecto a la Declaración de la Renta, al tener un 33% de discapacidad, el mínimo personal y familiar exento de declarar el IRPF aumenta 3.000 euros. Así, el mínimo de un pensionista con este grado de discapacidad será de 8.550 euros en 2023.

Además, las personas con discapacidad del 33% pueden acceder a descuentos en el IVA de la compra de un vehículo especial, están exentas de pagar el impuesto de matriculación del vehículo y del impuesto de circulación del vehículo.

Es habitual que los gobiernos autonómicos y ayuntamientos cuenten con descuentos de transporte público para las personas con discapacidad de, al menos, el 33%. Así como descuentos para ocio y cultura.

En definitiva, el principal beneficio de esta nueva medida se centra en el ámbito laboral. Los profesionales de ‘CampmanyAbogados‘ recuerdan que «las personas con discapacidad reconocida cuentan con un número de plazas reservadas de empleo público, y también en empresas privadas. Como mínimo, el 7% de la oferta de empleo público debe estar destinada a personas con discapacidad. Y en empresas a partir de 50 empleados, al menos un 2% de la plantilla deben ser empleados con discapacidad».

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