El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la subida salarial del 2% para los más de tres millones de empleados públicos, que se aplicará de forma inmediata en la primera nómina posible y con efectos retroactivos desde el 1 de enero.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, explicó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que, además de este 2%, se añadirá un 0,5% adicional en función de la evolución de la inflación. Este ajuste se aprobará en enero de 2025, pero se aplicará retroactivamente al ejercicio 2024.
«Mantenemos nuestro compromiso con los empleados públicos, no en vano, son el principal activo que tienen las administraciones», ha explicado Montero. Además, indicó que con la aprobación de esta subida salarial se cumple plenamente con el acuerdo marco para la Administración del Siglo XXI firmado con los sindicatos.
A la revalorización de los salarios públicos del 2% en 2024 se sumaría otro 0,5% adicional
La revalorización prevista de los salarios públicos para 2024 era del 2%, con la posibilidad de añadir un 0,5% adicional basado en la evolución de la inflación. Este incremento adicional depende de que el IPC armonizado entre 2022, 2023 y 2024 supere el aumento salarial acumulado fijo para esos tres años.
Hasta mayo de este año, el IPC armonizado acumulado alcanza el 16,76%, mientras que el aumento salarial fijo para el mismo periodo es del 6,5%. Por lo tanto, al menos por ahora, se cumplirían las condiciones para pagar el 0,5% adicional este año, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2024. Según UGT y CCOO, la normativa aprobada este martes contempla el pago de este incremento a finales de año, una vez confirmados los datos.
La subida salarial de los empleados públicos se incluyó en el proyecto de ley de medidas para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania, pero aún no se había implementado porque la norma lleva meses en tramitación en el Congreso.
El sindicato CSIF, que no participó en la firma del acuerdo marco, sigue adelante con la convocatoria de una concentración planeada para este jueves frente al Ministerio de Hacienda. Su objetivo es exigir un nuevo acuerdo salarial, argumentando que el acuerdo firmado con UGT y CCOO para los años 2022, 2023 y 2024 fue insuficiente. CSIF sostiene que desde entonces, la pérdida de poder adquisitivo se ha elevado al 7%.