Andrés Labella Iglesias nació en La Línea de la Concepción, 1973. Siendo un bebé se trasladó con su familia a Sant Feliu de Llobregat, su pueblo de crianza. Estudió en La Miranda y se licenció en derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona (1996). Además de colegiarse como abogado, su trayectoria profesional ha estado ligada al Registro de la Propiedad. Casado y padre de tres hijos, está cursando un programa de doctorado en la Cátedra UNESCO de Vivienda de la Universidad Rovira i Virgili en Tarragona.
Andrés, ¿has aprovechado este confinamiento para desarrollar algo en especial?
Además de disfrutar mucho más de familia, lo que agradezco profundamente, he aprovechado para leer libros y artículos que tenía pendientes, dar un empujón a la tesis, y adaptarme a la nuevas tecnologías de comunicación virtual. Fruto de ello han surgido nuevas oportunidades en territorios hasta ahora me quedaban muy lejos. Las distancias ya no existen.
¿Cómo habéis vivido este encierro, siendo como sóis una familia numerosa?
Mucho mejor de lo que cabía esperar. A pesar de no poder acudir a la escuela, con los hijos pequeños hemos podido establecer unas rutinas y cumplir con los objetivos marcados y algunos más que les hemos añadido, además de chutar el balón en el patio para quemar energías. Mi hija mayor está acabando su grado de Educación Social y tiene muchas tareas, así que el nivel de actividad ha sido alto. El cierre de las escuelas especiales es lo que más dificultades nos ha generado, pero el hecho de que los niños con autismo pudieran salir a realizar paseos terapéuticos ha sido un gran alivio.
¿En qué momento accedes y te vinculas movimiento asociativo de la Discapacidad?
La primera entidad con la que me vinculé es la Fundación del Arc de Sant Martí, allá por el año el año 2014, cuando empezamos a ser usuarios de los servicios de respiro familiar. A partir de allí, empecé a relacionarme con el tercer sector, con la entidad Cocemfe, y de su mano con el Cocarmi. Me enriquece mucho conocer la realidad del sector.
¿A qué asociaciones o causas estás entregando tu tiempo y profesionalidad?
Actualmente, vinculado a Cocemfe a través de la Asociación Natura i Salut queremos reforzar los vínculos en el territorio y desarrollar programas de vida independiente. En representación de ellos, hemos trabajado los últimos años en la adaptación de la normativa catalana a la Convención de Nueva York. Los trabajos del Pacto Nacional sobre los derechos de las personas con discapacidad se han visto ralentizados por los efectos de la COVID-19, así que esperamos que cuando todo se estabilice podemos retomar la senda de trabajo marcada. Mi objetivo es participar en la elaboración de una estrategia para la desinstitucionalización, que se ha revelado más necesaria que nunca, a la vista de los devastadores efectos que ha tenido en las residencias de personas mayores.
¿Por qué nos cuenta tanto conseguir inclusión plena?
Los cambios de modelo siempre requieren un par de generaciones para incorporarse totalmente en la sociedad. Todavía muchas personas han sido educadas en un sistema que segregaba a las personas con discapacidad, sobre todo intelectual y psicosocial, lo que ha impedido que con carácter general desde pequeños se hayan podido relacionar con la naturalidad con la diversidad. A mi modo de ver, la educación inclusiva es la puerta de entrada a los derechos humanos. Sin ello, por más recursos que se destinen, será muy difícil el cambio de paradigma.
Trabajas en el registro de la propiedad y me comentabas como las comunidades vecinos podrían ser vehículos de apoyos para una hermandad, ¿te entendí bien?
Desde mi visión como oficial de Registro, los edificios en régimen de propiedad horizontal son el entorno comunitario por excelencia. En 1960 se promulgó la primera Ley de Propiedad horizontal para dar respuesta a la necesidad de vivienda de las personas que dejaban atrás su vida en el mundo rural y se trasladaban a las ciudades, provocando un crecimiento urbanístico sin precedentes en la historia del país, creándose nuevos barrios y conurbaciones, que actuaban como una red de apoyos para los recién llegados que buscaban un futuro mejor.
En la actualidad el contexto ha cambiado y, en consecuencia, las necesidades también: Vivimos muchos más años; una de cada cuatro viviendas son hogares unipersonales, de forma que la soledad se ha convertido en una situación habitual; y las situaciones de dependencia y vulnerabilidad económica se han incrementado, resultando una tasa de pobreza del veinte por ciento.
Frente a ello, las redes de apoyo son la forma más efectiva de paliar sus efectos. Los diez millones de edificios en propiedad horizontal que existen en España podrían convertirse en células activas de la red, y transformarse en inteligentes socialmente, para conseguir que los episodios de aislamiento social indeseado formen parte del pasado. Esta crisis sanitaria nos lo ha mostrado con total claridad, desde los aplausos de las ocho, hasta las iniciativas de apoyo que han surgido por las redes sociales y grupos de comunicación internos.
¿A qué te refieres cuando te refieres a la “desistitucionalización”?
El informe Spidla de la UE (2009) planteaba la necesidad de crear una estrategia para que el derecho a la vida de forma independiente y en la comunidad, consagrado en el artículo 19 de la Convención, sea una realidad y represente una transición desde las instituciones que trabajan en el modelo asistencia hacia entornos comunitarios basados en el modelo de Atención Centrada en la Persona (ACP). Debe primarse la voluntad de la persona y hacer realidad la posibilidad de envejecer en el hogar, entre otras cosas, prohibiendo aportar recursos públicos a las instituciones que apuestan por el modelo asistencial, y apostando por los entornos comunitarios de apoyo.
¿Existe algún derecho aún no reconocido y que se deba procurar?
La Convención es muy completa y el reto es la materialización de los derechos allí reconocidos. A pesar de ello, los derechos emergentes o de tercera generación, como el derecho a la accesibilidad o al desarrollo social, van evolucionando en la medida que la sociedad evoluciona. Quizás los cambios tecnológicos van a provocar la necesidad de articular nuevos derechos, por ejemplo, el derecho a la identidad digital.
En relación con la normativa en vigor, está pendiente de ser adaptada a la Convención, tanto la Constitución como la normativa civil de las instituciones de protección de la persona.
Y en la línea de reformular instituciones, al respecto de la posibilidad de articular entornos de apoyo a través de los edificios en propiedad horizontal, debería plantearse la posibilidad de que las comunidades de vecinos adquieran personalidad jurídica, que actualmente no está reconocida. Ello permitiría ofrecer seguridad jurídica a los miembros, asumir derechos y obligaciones, y a la vez, crear alianzas entre ellas.
¿Por qué crees que aún no se ha aprobado una Convención Internacional sobre los derechos de las Personas Mayores?
En mi opinión, esa debería ser la próxima conquista social, conseguir un instrumento de Naciones Unidas que represente el marco legal contra la discriminación por razón edad, lo que se ha dado en llamar edadismo. Posiblemente los activistas no han sido capaces de trabar un movimiento asociativo compacto de carácter universal que presione de manera suficiente para poner en la agenda de Naciones Unidas la Convención. La Organización de los Estados Americanos aprobó la Convención Interamericana (1) sobre la protección de los derechos humanos de las personas mayores (2015), ratificados en 2018 por 6 países.
En general, ¿tienes o tenemos motivos para ser optimistas con la forma en la que entendemos y atendemos a las personas con alguna discapacidad y a las personas mayores?
A la vista de que la Convención es un marco jurídicamente vinculante tenemos instrumentos suficientes para reivindicar el cumplimiento de los derechos. Dicho esto, es necesario que el cumplimiento de las buenas prácticas en el modelo de apoyos, el derecho a la salud, a la educación inclusiva, … sea una realidad. Más que optimista, creo que debemos ser conscientes que la agenda es muy larga, y debemos ser proactivos para difundir los derechos y concienciar que está en juego nuestra dignidad individual y colectiva.
¿De qué apoyos te gustaría contar cuando seas viejo?
El concepto de envejecimiento activo me inspira poder envejecer en mi hogar, como mi padre, y me gustaría tener unos servicios ajustados a las necesidades que en ese momento se presenten que me permitan continuar contribuyendo a la comunidad.
No podemos saber el nivel de preservación de facultades del que gozaremos, así que me gustaría imaginar que habremos sido capaces articular un sistema flexible, basado en el principio de proporcionalidad, con garantías para su cumplimento, que permita hacer un verdadero traje a medida.
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Francisco Olavarría Ramos licenciado en Comunicación y Relaciones Públicas.
Emprendedor social con estudios de gerontología. Autor del manual didáctico ‘El micro-edadismo lo vamos a jubilar’, editado por QMAYOR MAGAZINE. Además imparte talleres y conferencias sobre edadismo y derechos de las personas mayores para los profesionales de la salud, la intervención social o el marketing y la publicidad.
Activista en favor de los derechos de personas mayores y personas con discapacidad.
Ofrece apoyo y consultoría a empresas e instituciones públicas en lo que han denominado ‘la Silver Economy’.
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