El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, ha abierto una queja de oficio. En ella se interesa por la homologación de las mascarillas transparentes para los docentes con discapacidad auditiva.
Debido a las medidas frente al Covid-19, el uso obligatorio de mascarillas impide que este personal se pueda apoyar en la lectura labial. Hay que recordar que esta es una herramienta «fundamental» para que las personas sordas que imparten la docencia puedan entender al resto del profesorado y al alumnado.
En su queja, dirigida a la Consejería de Educación y Deporte; la Defensoría indica que ha conocido la situación que está afectando a estos docentes mediante noticias publicadas en medios de comunicación; además de un comunicado que les ha hecho llegar una entidad social de personas con discapacidad.
Apunta que según dichas informaciones, la Asociación Accesibilidad para Todos ha remitido un informe a la Administración educativa, En dicho documento traslada la situación que «desde hace años» viven los docentes con discapacidad auditiva.
Dicha situación «se ha incrementado» con las nuevas medidas implementadas en los centros educativos a raíz de la pandemia; medidas «absolutamente obligatorias para la protección de la salud de la comunidad educativa frente al virus», subraya.
Así, según la queja, «se pone de manifiesto» que el uso obligatorio de mascarillas impide que este personal docente se pueda apoyar en la lectura labial; una herramienta «fundamental» para que puedan entender al resto del profesorado y al alumnado, «imposibilitando la comunicación y aislando a este personal docente, al igual que sucede con el alumnado afectado por esta discapacidad sensorial».
Recursos y medidas de adaptación
Por ello, destaca que «numerosos docentes de toda Andalucía piden recursos y medidas de adaptación del puesto de trabajo y la homologación de mascarillas transparentes para que se puedan llevar a cabo las clases con total y plena normalidad». Además, añade que de esta forma, se permitiría a este personal docente «poder leer los labios tanto de alumnos como de profesores». Este hecho «salvaría el principal obstáculo que limita su entendimiento».
Asimismo, la Defensoría expone que estas informaciones destacan «problemas de accesibilidad» en los centros y en la modalidad de teletrabajo. Esto conlleva «la necesidad de facilitar formación en lengua de signos al amplio abanico de profesionales que pueden interactuar directamente con personas sordas como, por ejemplo, personal sanitario, trabajadores sociales, profesorado, o funcionariado».
Y añade que a esto se suma la presencia de intérpretes de lengua de signos cualificados o de servicios de videointerpretación en los ámbitos que se requiera, y un acceso «sin barreras» en el ámbito educativo.
Por todo ello, el Defensor del Pueblo andaluz incoa esta actuación de oficio para exponer a la Dirección General de Profesorado y Gestión de Recursos Humanos esta problemática y solicitarle un informe al respecto «a la mayor brevedad».