La Seguridad Social puede reconocer una pensión de incapacidad permanente debido a una depresión. Para ello, es preciso que la enfermedad genere limitaciones para desarrollar la actividad laboral habitual o cualquier tipo de trabajo.
En ocasiones, para obtener el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente es preciso acudir a la vía judicial. Esto ocurre cuando el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) deniega la concesión de la incapacidad en primera instancia.
Este es el caso de una trabajadora del País Vasco, que finalmente ha conseguido una pensión de incapacidad permanente total a través de la Justicia, tras el rechazo inicial por parte de la Seguridad Social.
INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL POR DEPRESIÓN
Julieta trabajaba como jefe de línea de una compañía de transportes en San Sebastián. Sin embargo, en el año 2017 fue diagnosticada con un trastorno ansioso depresivo. Además, la enfermedad se encontraba directamente asociada a su entorno laboral.
Esta trabajadora pasó por varios periodos de baja laboral por incapacidad temporal. Así, en el año 2021, su empresa decidió despedirla alegando ineptitud sobrevenida. Es decir, la empresa alegaba que la trabajadora ya no se encontraba en condiciones adecuadas para desarrollar su actividad laboral habitual.
Ante ello, Julieta intentó conseguir el reconocimiento de una incapacidad permanente. Sin embargo, la Seguridad Social denegó por dos veces esta opción a la trabajadora. No obstante, la enfermedad que padecía era muy incapacitante para el ámbito laboral.
En concreto, Julieta presentaba una depresión agravada con apatía y anhedonia (imposibilidad de disfrutar de actividades o situaciones de las que sí lo hacía en el paso). Además, tenía gran angustia y reacción fóbica hacia el trabajo, que fue el punto inicial del desarrollo de la depresión.
PENSIÓN DE 1.200 EUROS POR LA VÍA JUDICIAL
Finalmente, Julieta acudió a la Justicia con la representación de los abogados de ‘CampmanyAbogados’. El Juzgado de lo Social nº3 de Donostia-San Sebastián reconoció una pensión de incapacidad permanente total a esta ciudadana.
Hay que recordar que una pensión de incapacidad permanente total inhabilita al trabajador para su profesión habitual. Sin embargo, la pensión es compatible con el desarrollo de otras actividades laborales que no entren en conflicto con las limitaciones que dieron origen a la incapacidad permanente.
Los expertos de ‘CampmanyAbogados’ explican que «presentamos documentos que respaldaban su incapacidad para desempeñar su profesión, caracterizada por altos niveles de estrés, concentración y organización. Pensemos que nuestra defendida era la responsable de contratar cargas, dar instrucciones a los conductores y coordinar operaciones, entre otras gestiones de suma relevancia para el funcionamiento del negocio».
Con todas estas pruebas, la Justicia determinó el reconocimiento de una incapacidad permanente total para esta trabajadora. En este sentido, le correspondía una pensión con una cuantía equivalente al 55% de su base reguladora, constituyendo una pensión mensual de 1.214,43 euros.
Se trata de un nuevo caso que demuestra los complejos procedimientos que tienen que superar muchos ciudadanos en España para conseguir una pensión de incapacidad permanente. Además, pone de manifiesto que la Seguridad Social se muestra prácticamente inflexible ante casos que tienen que ver con enfermedades mentales.