Cuando una persona se encuentra en situación de dependencia y recibe una prestación económica, la Ley de Dependencia puede limitar la pensión que va a recibir esa persona. De esta manera, pueden llegan a existir problemas con las pensiones no contributivas que gestiona el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, conocido como IMSERSO, que pueden ser de jubilación o de invalidez.
Lo primero que vamos a hacer es definir lo que es la dependencia, que según la Xunta de Galicia es el «estado de carácter permanente en el que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, enfermedad o discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan la atención de otra o de otras personas o ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria o, en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal».
Para que se esta situación de dependencia deben de darse tres circunstancias, como son:
- La existencia de una limitación (física, intelectual o sensorial) que merma determinadas capacidades de la persona.
- La incapacidad de la persona para realizar por sí misma las actividades de la vida diaria.
- La necesidad de asistencia por parte de una tercera persona.
Además, debemos de tener en cuenta que la dependencia puede afectar la cualquier persona, sea cual sea su edad, a pesar de, con la edad, aumentar los problemas de salud y, con ellos, las posibilidades de encontrarse en situación de dependencia.
Así puede afectar la Ley de Dependencia a la pensión no contributiva
Los expertos señalan que cuando una persona recibe una pensión puede llegar a tener problemas con la Ley de Dependencia, como ocurre con los casos de las pensiones no contributivas, ya sea de jubilación o de invalidez. Este tipo de pensiones está diseñado para aquellos que no han podido cotizar suficiente tiempo en el sistema de Seguridad Social, ofreciendo un soporte económico vital.
Sea cual sea de las dos, las personas deben de cumplir una serie de requisitos para poder solicitarlas. En el caso de la pensión no contributiva de jubilación, la persona deberá de tener 65 años o más; mientras que en el caso de la de invalidez, la persona debe de tener un grado de discapacidad igual o superior al 65% y tener entre 18 y 65 años.
Pero donde puede estar el problema en este tipo de pensiones y la Ley de Dependencia es en los límites económicos que se deben de cumplir para recibir estas prestaciones. Para poder acceder a estas ayudas, las personas interesadas deben de carecer de ingresos suficientes. En 2024, dichos ingresos deben de ser inferiores a 7.250,60 euros anuales cuando nos referimos a rentas o ingresos personales. Esta condición económica pone de manifiesto la vulnerabilidad a la que se enfrentan los solicitantes, en un sistema que busca garantizar el mínimo vital pero que también establece barreras de acceso.
Desde el IMSERSO señalan que «si las rentas o ingresos personales son inferiores a 7.250,60 € anuales y se convive con familiares, únicamente se cumple el requisito cuando la suma de las rentas o ingresos anuales de todos los miembros de su unidad económica de convivencia, sean inferiores a las cuantías que se recogen más adelante».
Además, debemos de tener en cuenta que en caso de que exista unidad económica de convivencia este límite económico aumentará.
Esto quiere decir que las personas que reciban una pensión contributiva y obtengan una ayuda económica asociada a la Ley de Dependencia deben de tener en cuenta el límite económico, ya que cada año, antes del 31 de marzo se debe de presentar la declaración anual de ingresos, y en ella, no se debe de superar la cifra que ha sido fijada por el IMSERSO, sino la pensión será suspendida.