«Dolor muscular generalizado, además de fatiga crónica y sensibilidad química». Ese era el informe que una trabajadora funcionaria del Gobierno de Canarias presentó ante el juzgado para solicitar una incapacidad. Pero fue denegada, a pesar de que la mujer acudió a los tribunales alegando un reconocimiento de discapacidad entre el 65 y el 75% ya que «no podía trabajar».
No obstante, tras evaluar su caso, el Tribunal Médico del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) le otorga un grado de discapacidad del 0%, por lo que la trabajadora decide demandar a la Dirección General de Dependencia y Discapacidad del Gobierno de Canarias. Finalmente, la queja se eleva hasta el Juzgado, que le reconoce un porcentaje de discapacidad del 19%, aunque la mujer afectada seguía sin estar satisfecha con la resolución, por lo que fue un paso más allá y recurrió ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ya que estimaba que la fibromialgia que padecía no era compatible con su trabajo.
La fibromialgia no se considera discapacidad
La trabajadora podía moverse sola, sin necesidad de asistencia o ayuda, y que no presentaba signos visibles de inflamación en las articulaciones. Ese es el resultado del informe médico forense que le diagnosticaron a esta funcionaria del Gobierno de Canarias, a pesar de que que se afirmaba que «veía limitada su actividad en un 20%.»
No obstante, el informe también concluyó que la demandante padecía fibromialgia y fatiga crónica en grado moderado, sensibilidad química severa y un trastorno de ansiedad y depresión. Por tanto, bajo esta premisa, la funcionaria alegó que el baremo mediante el cual el Juzgado emitió su resolución no era correcto y propuso que se revaloraran los porcentajes asignados a cada enfermedad. Así, sugirió un porcentaje del 50% de discapacidad por la fibromialgia y el síndrome de fatiga crónica.
Finalmente, establecido esto en el recurso de la funcionaria, el Tribunal explicó y sentenció que las enfermedades que padece, como bien señala ella en su recurso, no están contempladas en el baremo de discapacidad. Este tipo de dolencias suele afectar principalmente a mujeres, cuestión que la Sala reconoció, pero aclaró que este aspecto no puede llevarlos a «una solución diferente a la que estamos dando al desestimar el recurso”.
Caso resuelto por el voto particular
Cuando parecía que el caso estaba resuelto por unanimidad, se produjo un giro de los acontecimientos a última hora. Tras desestimar el Tribunal Superior el recurso de la trabajadora, una de las magistradas se mostró en desacuerdo con la decisión.
Esta facultativa, al contrario que sus colegas, era partidaria de que a la funcionaria se le reconociera un 77% de discapacidad, al entender que estas tres enfermedades suponen una “laguna normativa” coherente con “la histórica desatención legislativa y científica de la salud femenina”. Así mismo, la jueza explicó que estas enfermedades tienen un “evidente impacto” en la calidad de vida de una persona que provocan dolencias y limitaciones, aspectos que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar el grado de discapacidad.
Por tanto, la magistrada sostuvo que no valorar correctamente estas enfermedades, que afectan principalmente a mujeres, supone una discriminación por razón de sexo. A pesar de ello, la decisión de la Sala fue desestimar el recurso y no reconocer el grado de discapacidad solicitado por la funcionaria, que no ganó la batalla legal de los tribunales.