Adrián tiene 23 años y tiene una discapacidad del 80%. Él reside junto a su familia en Almoradí, en la provincia de Alicante, y para moverse utiliza una silla de ruedas motorizada. Hasta aquí todo normal. Los problemas llegan cuando para salir de casa te encuentras barreras y para él, salir de su vivienda a la calle es algo que no puede hacer solo. Falta de accesibilidad, algo que encontramos en muchas viviendas.
Seis escalones le impiden poder salir libremente de su casa, un piso con seis viviendas. Desde 2003 tratando de adaptar la entrada del edificio. Sin embargo, el administrador de la finca nunca le dio relevancia a la necesidad de adaptación de accesibilidad para Adrián. Por ello, el proceso se ha ido alargando durante años.
En 2018, tras celebrarse varias asambleas de comunidad sobre la accesibilidad del edificio, varios vecinos y el administrador del edificio se negaron a hacerla. Todos afirmaron que no iban a pagar nada.
Ante esto, la familia presentó quejas ante el Ayuntamiento de Almoradí sin recibir respuesta alguna, tal y como ha podido saber Tododisca. En junio de 2019, la Conselleria d’Habitatge notificó al administrador de la finca que era obligatorio adaptar y mejorar la accesibilidad del edificio.
Un presupuesto “excesivo” para la accesibilidad
Ante esto, la familia comenzó a presentar presupuestos a la comunidad, si bien todos fueron rechazados. No fue hasta mayo de 2020 cuando el administrador de la finca presentó y aprobó en asamblea un presupuesto de 25.000 euros.
Sin embargo, la familia de Adrián rechazó este presupuesto, que catalogaban de “excesivo”. La comunidad pretendía que Adrián y su familia deberían de abonar 22.000 euros, mientras que el resto de los vecinos solo tendría que poner unos 600. Ante esta situación, la familia decidió seguir con la búsqueda de presupuestos alternativos a este problema de accesibilidad que impide a Adrián ir a la calle.
Para ello, la familia se movilizó y se puso en contacto con más de veinte empresas en busca de la mejor solución y más económica. Varios constructores, tras conocer quien era el administrador de la finca, se negaron a realizar el proyecto, sin dar muchas explicaciones.
Desde la familia aseguran que están hartos de esperar una solución para Adrián, por lo que exigen “al administrador que acceda a realizar un presupuesto más económico”. Además, solicitan al Ayuntamiento de Almodarí que conceda el permiso de obra correspondiente para poder construir una rampa accesible al 11%.
Además de esa obra, quedarían tres escalones más por cubrir; aunque desde la familia aseguran que tendría un precio más asequible y cuyo presupuesto asumirá, íntegramente, Adrián y su familia.
Una vez más, vuelve a quedar en evidencia que en pleno 2020 no se atienden las necesidades básicas de una persona con diversidad funcional a la que le afecta la accesibilidad para entrar y salir de su propia casa. Por eso, desde la familia, después de muchos años de lucha, pide “ya una rampa para Adrián y a un precio asequible”.