El fiscal delegado de Protección Personas con Discapacidad en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, ha advertido con motivo del Día Internacional de la Discapacidad, que se celebra este martes, sobre las necesidades de las personas con alguna discapacidad y ha pedido tomar medidas.
En un comunicado, el fiscal, destinado en Córdoba, ha explicado que «en Andalucía los problemas más importantes detectados desde la Fiscalía son la falta de plazas para personas –jóvenes– con discapacidad y trastorno de conducta asociados –psicodeficientes–«, algo que «supone una abolición de sus derechos, así como una presión sobre familiares, vecinos, profesionales, etcétera, difícil de soportar».
Asimismo, ha apuntado al «aumento de presencia de personas con discapacidad en el juzgado de guardia en calidad de detenidos» y al «aumento de presencia de personas con discapacidad cumpliendo penas en prisión».
Frente a ello, los retos para el año 2020 son «la consolidación de los fundaciones tutelares«; «la creación en los colegios de abogados de un turno de oficio para atender los casos relativos a personas con discapacidad», y «la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en materia de trato de personas con discapacidad».
En otro orden de cosas, el fiscal delegado ha aseverado que se contempla también «con preocupación el aumento de casos de niños con padecimientos relacionados con el ‘espectro autista’, cuyo número e incidencia era mucho menor hace solo un par de décadas».
En cuanto a Córdoba, ha señalado que «en alguna manera ha sido un año de tránsito», puesto que «el proceso electoral y el cambio de gobierno derivado del mismo ha impuesto una pausa».
No obstante, ha indicado que «se han reanudado las reuniones de la comisión socio-sanitaria y judicial que aglutina a los responsables y jefes de servicios de las distintas administraciones relacionadas con las personas con discapacidad y dependientes». Para el fiscal, éste es «un punto de encuentro esencial en el tratamiento de los casos más complejos, pues se pretende abordar y dar una respuesta coordinada a los mismos».
Igualmente, ha elogiado que «se ha potenciado la Fundación Cordobesa de Tutela, institución clave para la protección jurídica de aquellas personas con discapacidad que carecen de familiares o allegados que puedan asumir esta función».
REFORMA DE LA LEGISLACIÓN
Mientras, el fiscal ha recordado que «se encuentra en las Cortes, a la espera de la reanudación de las sesiones parlamentarias, el proyecto de reforma de la legislación civil española –Código Civil, Ley de Enjuiciamiento Civil– para adaptarla a los principios y directrices» de la Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, celebrada en Nueva York en 2006, que lleva «un insoportable retraso dado que hace más de diez años que España ratificó el texto».
A la par, Santos Urbaneja ha advertido de que «se observa con preocupación el avance de algunas interpretaciones ‘radicales’ de la Convención por parte de determinados colectivos».
Al respecto, considera que para el año 2020 las expectativas se centran en «la aprobación de la reforma de la legislación civil», así como «la creación efectiva y dotación de la Fiscalía de Sala de Discapacidad y Mayores», algo que «supondría dotar a las secciones de Protección de Personas con Discapacidad de las fiscalías de un rango equiparable a las secciones penales».
En este sentido, cree que «se produce una discriminación que es preciso corregir, pues, tanto desde el punto de vista cuantitativo –más de 3.500.000 personas directamente afectadas–, como cualitativo –protección de derechos fundamentales de colectivos especialmente vulnerables– la diferencia de trato carece de justificación».
