En el contexto de celebración del 30 aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, la CNSE (Confederación Estatal de Personas Sordas) exige que se respete la diversidad de la infancia sorda, como primer paso para el cumplimiento de sus derechos. Una aseveración que apoya el Comité de los Derechos del Niño, al reconocer que “cada niño tiene intereses y capacidades únicas, y también necesidades de aprendizaje propias”.
Tal y como indica la propia Convención en su observación General Nº 9 sobre los derechos de los niños con discapacidad, “todas las escuelas deberían carecer de barreras de comunicación”. Una cuestión que, para la presidenta de la CNSE, Concha Díaz, pasa por “proveer al alumnado de los recursos necesarios para garantizar su acceso a la educación”.
Al respecto, sostiene que las instituciones públicas, tanto de ámbito estatal como autonómico, deben comprometerse con el derecho de la infancia sorda a recibir una atención temprana y una educación integralde calidad, próxima y gratuita que incluya tanto la lengua de signos como la lengua oral, y las ayudas técnicas a la audición y la comunicación que requieran. “Como sociedad, tenemos la obligación de educar a niñas y niños sordos felices, sumando recursos y apoyos, y no restando. Y siempre, valorando a cada niña y cada niño sordo tal y como es”.
En esta línea, Díaz recuerda la resolución del Parlamento Europeo (13 de noviembre de 2018), en la que se advierte la necesidad de “prestar especial atención a las personas que utilizan la lengua de signos”, y se subraya “que la continuidad de la educación en la lengua materna es vital para preservar la identidad cultural y lingüística”.
Asimismo, alude a la observación Nº 6 del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad que afirma que se debe “proporcionar a niñas y niños sordos entornos de aprendizaje en lengua de signos con otros niños sordos y con adultos sordos que les sirvan de modelos de conducta, y considera discriminatorio que los docentes de niños sordos no dominen la lengua de signos y que los entornos escolares no sean accesibles”.
Evitar el aislamiento
La Convención sobre los Derechos del Niño también advierte que el riesgo de exclusión social al que ha de enfrentarse la infancia con discapacidad “se incrementa en el caso de aquellas niñas y niños que se ven obligados a abandonar sus países de origen para huir de la guerra, la enfermedad y la pobreza”. Una realidad que la CNSE intenta paliar a través de una red de servicios de atención a personas sordas que se prestan desde sus federaciones y asociaciones, con el objetivo de garantizar la igualdad de derechos y oportunidades de este colectivo.
En este sentido, la entidad se suma a las reivindicaciones de la Plataforma de la Infancia acerca de la creación de una ley contra la violencia a la Infancia, una estrategia contra la pobreza infantil, y todas aquellas medidas que garanticen la igualdad real entre niñas y niños. Asimismo, se une al llamamiento de las organizaciones en defensa de la infancia sobre “la necesidad y obligación de toda sociedad decente, de no estigmatizar ni criminalizar a las niñas y niños migrantes que llegan solas y solos a España”.
“Los derechos y libertades, para serlos en su máxima expresión, no deben discriminar a unas personas frente a otras”, señala la presidenta de la CNSE, que insiste en la necesidad de brindar a la infancia sorda “un entorno accesible, inclusivo y saludable en el que ser persona sorda, utilizar la lengua de signos, ser usuario de audífonos o implantes cocleares, o incluso el lugar de procedencia, no sean motivos de aislamiento, discriminación o acoso escolar.”
Violencias machistas
Otro asunto que preocupa a la CNSE, es la situación de las niñas y niños sordos ante las violencias machistas.Para ello, la entidad apela al fomento entre niñas y niños sordos de una educación no sexista accesible que también se imparta en lengua de signos, y que les permita interiorizar valores de equidad y solidaridad.
La CNSE urge a la Administración a garantizar que el teléfono contra el acoso escolar sea accesible para todas las personas sordas, incluyendo la atención en lengua de signos y textos escritos, así como asegurar que los recursos de atención contra las violencias machistas estén adaptados a las necesidades de la infancia sorda.