En una decisión que puede marcar un antes y un después en la lucha contra la ocupación ilegal, los magistrados de las Secciones Penales de la Audiencia Provincial de Barcelona han determinado que los propietarios o inquilinos de viviendas ocupadas pueden cortar los suministros básicos como el agua, la luz o el gas sin que ello suponga la comisión de un delito. Esta resolución, adoptada el pasado 7 de marzo, unifica el criterio judicial sobre los casos de usurpación de inmuebles o allanamiento de morada, una problemática que afecta a miles de viviendas en todo el país.
Según el documento de unificación de criterios, el hecho de no mantener el alta de los suministros o dejar de abonarlos no será considerado delito de coacciones. Este acuerdo da respaldo legal a los propietarios que se enfrentan a procesos largos y costosos para recuperar sus inmuebles, ya que les exime de tener que sufragar gastos generados por quienes han entrado de forma ilegal a su propiedad.
Unificación de criterio también en Gerona
Como recoge El Economista, la decisión de Barcelona no es aislada. La Audiencia Provincial de Gerona llegó a una conclusión idéntica en noviembre del año pasado. Así, los jueces catalanes consolidan un criterio común que podría extenderse como referencia al resto de audiencias provinciales del país, aportando más seguridad jurídica ante un fenómeno que continúa en aumento.
Los expertos apuntan a que esta medida puede acelerar la salida de los okupas de los inmuebles si se ven privados de servicios esenciales. De acuerdo con datos de Alquiler Seguro, el tiempo medio de recuperación de una vivienda ocupada es de ocho meses y medio. Sin embargo, en comunidades como Castilla y León o Murcia, el proceso puede alargarse hasta los doce meses, mientras que en Aragón y Navarra el plazo baja a unos cuatro meses de media.
Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana lideran las denuncias
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) informó el pasado 14 de marzo que en 2023 se presentaron 2.309 demandas por ocupación ilegal en los tribunales, lo que supone un aumento del 2% respecto al año anterior. Las comunidades más afectadas por este fenómeno fueron Cataluña (463 casos), Andalucía (449) y Comunidad Valenciana (391). En contraste, regiones como La Rioja (6), Aragón (19) o Galicia (81) registraron cifras notablemente menores.
Con este nuevo enfoque judicial, se abre la puerta a un cambio significativo en la forma de afrontar el fenómeno de la ocupación. Los jueces reafirman el derecho de los titulares de la vivienda a no seguir costeando servicios a quienes la ocupan sin título legal, un paso más en el complejo debate sobre la propiedad y la seguridad jurídica en España.