El Defensor del Pueblo ha publicado su informe anual, donde se recoge que la prestación del Ingreso Mínimo Vital (IMV) es la prestación social que recibe más quejas de los ciudadanos ante el Defensor del Pueblo, por encima de la pensión de jubilación en sus distintas modalidades.
Desde el Defensor del Pueblo señalan que el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) recibe «cientos de miles» de expedientes de solicitud, de reclamación previa a la vía jurisdiccional, de revisión y de reintegro de prestaciones indebidas. Algo que ya adelantó en su día José Luis Escrivá, que aseguraba que en enero de 2023, cuando informada de que habían sido más de 2 millones de solicitudes las que habían recibido, con más de 1,5 millones e solicitudes rechazadas.
Los principales reto que presenta el Ingreso Mínimo Vital para el Defensor del Pueblo son claros, y son a la hora de gestionar esta prestación. A lo que hay que sumarle el volumen de expedientes. De esta manera se hace referencia a que hay que incorporar de forma automatizada mucha información procedente de otras administraciones públicas.
Además, la institución señala que el INSS y, posteriormente, la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones «no han aceptado» el planteamiento del Defensor del Pueblo para que se excluyan del cómputo del patrimonio que se tiene en cuenta para acceder al IMV aquellos bienes inmuebles que no están a disposición de su titular.
Problemas con las unidades de convivencia del IMV
Uno de los requisitos que recoge la Seguridad Social a la hora de hablar del Ingreso Mínimo Vital es la unidad convivencia. Algo que no ha quedado muy claro entre las personas que solicitan la ayuda. Y esto es algo que recoge el Defensor del Pueblo. De esta manera asegura que ha tramitado diferentes quejas sobre la forma en la que el INSS interpreta los cambios en la composición de las unidades de convivencia beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital (IMV). A lo que hay que sumarle el requisito de estar constituidas con seis meses de antelación.
Por ejemplo, para los casos en que los menores se trasladan de domicilio por un cambio en el régimen de custodia entre los progenitores, el Defensor del Pueblo formuló una recomendación para que se eximiera de ese plazo de convivencia continuada de seis meses. Sin embargo, no ha sido aceptada.
Otro de los motivos por el que ha recibido «numerosas» quejas es la denegación de la prestación. Esto ocurre tanto con solicitantes individuales como a unidades de convivencia. Eso se ha debido a que los datos declarados en la solicitud no coinciden con los datos del padrón y aparecen más personas viviendo en el domicilio. De hecho, según informa el Defensor, se trata, en muchos casos, de:
- Expareja de la persona interesada
- Hijos que se han independizado
- Anteriores inquilinos del domicilio
Más situaciones de desigualdad con el IMV
Desde el Defensor del Pueblo han señalado la «preocupación» por los «perjuicios» que ocasiona el sistema de actualización de la cuantía del IMV. Siempre coge por fecha el 1 de enero de cada año, tomando como referencia los ingresos anuales del ejercicio anterior. Algo que hace que la situación se demore «demasiados meses». Por todo ello, los beneficiarios de la prestación está recibiendo «una cuantía que realmente no refleja su situación económica durante casi todo el año, acordándose luego el reintegro o el pago de atrasos».
El Defensor del Pueblo ya advirtió en el informe de 2021 de que las resoluciones de revisión del Ingreso Mínimo Vital no se producen hasta finales de noviembre. Para esa fecha, los beneficiarios no son conscientes de la deuda que han podido acumular. Esto provoca que se les atribuyan unos ingresos superiores en el ejercicio anterior, encuentran «graves dificultades» para reintegrar la prestación que han cobrado.
Según información facilitada por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), en 2021, tras la correspondiente actualización, se generaron prestaciones indebidas en 99.690 expedientes.
El «inevitable solapamiento» del IMV con prestaciones autonómicas
Pero la principal queja sobre el IMV es el «inevitable solapamiento» con las prestaciones autonómicas. Y es que desde el principio, las personas que reciben el Ingreso Mínimo Vital se han quejado de no la incompatibilidad de cobrar esta ayuda y las prestaciones de su CCAA. Para ello, el Defensor del Pueblo inició de oficio una actuación sobre las medidas adoptadas para adecuar sus prestaciones de inclusión social al IMV
Por otro lado, el Defensor del Pueblo ha recomendado a la Secretaría de Estado de Hacienda que estudie la modificación de la Ley del IRPF. Todo ello con la idea de eximir del pago del IRPF a las ayudas estatales de carácter social que perciben los colectivos en riesgo de exclusión social. De esta manera busca equiparar su tributación con las que abonan con similar finalidad las comunidades autónomas y las entidades locales.
«Sería deseable que se produjera la equiparación de la tributación de las ayudas con independencia de quien las haya establecido o las gestione. A fin de dar cumplimiento al principio de igualdad tributaria», informa el Defensor en su informe.
