La incapacitación judicial dejará de ser una posibilidad en España a partir del próximo 3 de septiembre. Todo ello después de que el BOE publicase la Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. La norma entra en vigor a los tres meses de su publicación y supondrá también la revisión y adaptación de miles de sentencias.
«Superada su tramitación parlamentaria, con un gran respaldo político, la nueva Ley adapta el ordenamiento jurídico-civil de nuestro país, sustantivo y procesal, a los mandatos de igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad contenidos en el artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas», señala el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
Según recuerda la organización, la reforma, impulsada y alentada desde la sociedad civil por el propio CERMI, deroga la incapacitación judicial, modelo de sustitución que comporta restricción de derechos, y establece uno nuevo orientado a los apoyos a las personas con discapacidad que puedan necesitarlos para la mejor toma de sus decisiones, tanto personales como patrimoniales.
España marca la pauta
«España marca la pauta al resto de países que aún tienen que realizar en materia de capacidad jurídica la adaptación de su ordenamiento jurídico al nuevo paradigma de apoyos de la Convención de la ONU«, asegura el CERMI.
Aquellas personas que tengan, a la entrada en vigor de la norma, la capacidad modificada judicialmente (pródigos), así como los progenitores que ostenten la patria potestad prorrogada o rehabilitada, los tutores, los curadores, los defensores judiciales y los apoderados preventivos podrán solicitar en cualquier momento de la autoridad judicial la revisión de las medidas que se hubiesen establecido con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley, para adaptarlas a esta.
200.000 sentencias de incapacidad desde 2008
La revisión de estas medidas deberá producirse en el plazo máximo de un año desde dicha solicitud. Para aquellos casos donde no haya existido la solicitud por parte de los afectados, la revisión se realizará por parte de la autoridad judicial de oficio o a instancia del Ministerio Fiscal en un plazo máximo de tres años. Según datos facilitados por el CERMI a Europa Press, sólo desde 2008, hay registradas 200.000 sentencias de incapacitación.
Además, esta misma semana, el presidente del Consejo General del Notariado, José Ángel Martínez, ha puesto en valor la ley asegurando que, junto con las personas con discapacidad, se beneficiarán «todos los residentes en España».
En este sentido, ha recordado que, además de los cerca de cuatro millones de personas con discapacidad que residen en España, según los últimos datos disponibles, también se aplicará en casos de discapacidad sobrevenida, incluyendo por motivos de edad, algo de lo que puede ser susceptible toda la población.
Y a los directamente beneficiarios de esta norma, ha explicado Martínez, hay que añadir a sus familias, implicadas también en la labor de apoyo que deben recibir estas personas. El notario Alfonso Madridejos ha, destacado, de hecho, el «cambio de chip» que deben hacer los allegados de las personas con discapacidad en este proceso.
La norma aprobada evita que todas las personas con discapacidad deban pasar por un juez cada vez que deseaban, por ejemplo, ir al banco, comprar una vivienda o hacer testamento. Ahora, deberán acudir al notario donde, con la ayuda de apoyo voluntario –familia, allegados– recibirán la información necesaria para tomar sus propias decisiones que, quedarán acreditadas por el profesional de la notaría. Sólo se acudirá a la justicia en casos excepcionales en los que, a pesar de la ayuda, sea imposible conocer la voluntad de la personas.
«Que no nos tomen por tontos»
La opinión de las personas con discapacidad intelectual sobre esta ley es también muy positiva. Santiago tiene 48 años, una discapacidad intelectual y ha pasado gran parte de su vida incapacitado judicialmente. Hasta ese momento, era él quien ayudaba a su padre en las gestiones del banco y, entre otras tareas, le llevaba al médico. El día de la aprobación de la norma en el Parlamento lo celebró «a lo grande», pero avisó: «Que no nos tomen por tontos y esto no quede en papel mojado».
«Que no nos digan que tenemos derechos y nos den la razón como a los tontos y luego hagan lo que les de la gana», alertó en declaraciones a Europa Press para añadir que la norma ayuda a recuperar lo que de toda la vida tenían que haber tenido y que nunca les deberían haber quitado.
Santiago incidió en el significado de «igualdad» y explicó que «dependiendo de cada caso» es preciso buscar los apoyos «justos». «Ni de más ni de menos de lo necesario. Queremos ser iguales que los demás», sentenció.
Un «hito para la democracia española»
Es también portavoz de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) que, junto a Plena Inclusión, califica de «hito para la democracia española», que acerca al país a cumplir la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. De este modo, celebran que se elimine una «discriminación histórica» hacia los cientos de miles de personas con discapacidad intelectual que, hasta el momento, eran tratadas a nivel legislativo como menores de edad y a las cuales se les negaba la posibilidad de ejercer derechos tan básicos como firmar un contrato de alquiler, tener una tarjeta bancaria a su nombre u otorgar testamento».
Otro como Pablo, con Síndrome de Down y graduado en la Universidad Pablo de Olavide, también celebran la norma aunque nunca hayan estado incapacitados. «Lo de la ley me parece muy bien. Estoy contento con la reforma que han aprobado. Acabo de cumplir 30 años y desde que nací llevo una vida normal», explicó a Europa Press.
Mari Carmen, su madre, destacó que Pablo es una persona muy independiente, algo que se ha incrementado tras completar en la Universidad Pablo de Olavide un Programa de Formación para la Vida Independiente Adulta hace cuatro años. «Nunca movimos los papeles. No nos parecía bien incapacitarlo, porque le podían quitar de hacer cosas que él iba a echar de menos», manifestó cuando se aprobó la norma.