El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes 18 de octubre el Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre. En dicho artículo se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad publicado en el BOE, que sustituye al baremo que estaba en vigor desde 1999. Desde el Instituto de Mayores y Servicios Sociales, conocido como IMSERSO, han elaborado una lista con ocho claves para entender el nuevo baremo de discapacidad.
El nuevo baremo de la discapacidad entrará en vigor el próximo 20 de abril de 2023. Este modelo se adapta a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas con un enfoque de derechos humanos. Dicha convención aprobada el 13 de diciembre de 2006 por la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU).
Desde el IMSERSO señalan que el «preámbulo se reconoce que la discapacidad es un hecho social y un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».
8 claves sobre el nuevo baremo de discapacidad
Desde el IMSERSO han destacado estas 8 claves como las que se deben de conocer sobre el nuevo baremo de discapacidad:
- Compromiso
- Criterios comunes
- Base científica
- Accesibilidad universal
- Trámite de urgencia
- Información fiable
- Participación
- Genero e infancia
Con el nuevo baremo de discapacidad, el Gobierno da cumplimiento a los compromisos adoptados en la esfera nacional e internacional. Además, se da respuesta a una demanda de las personas con discapacidad, un colectivo formado por 4,38 millones de personas en España según el INE (Instituto Nacional de Estadística), que llevaba bloqueada 10 años. Representantes de la sociedad civil de la discapacidad participarán además en primera persona como integrantes de la Comisión de Valoración de la Discapacidad.
Este texto se ha construido sobre la base del diálogo territorial. Asimismo, establece unos criterios objetivos para la valoración y calificación del grado de discapacidad en todo el territorio del Estado.
Con ello se garantiza el acceso en igualdad de condiciones para toda la ciudadanía. Además, proporciona una base científica para la comprensión y el estudio de la salud y de los componentes sociales y económicos que impactan en la persona, garantizando una descripción más precisa y completa del grado de discapacidad que redunda en una mayor eficiencia y transparencia.
Más sobre el nuevo baremo de valoración de la discapacidad
El texto aprobado establece un trámite de urgencia cuando fuese necesario por causas humanitarias o de especial necesidad social, como ocurre con: las víctimas de zonas en guerra, o de salud y de esperanza de vida, como es el caso de las personas con enfermedades degenerativas, como la ELA, entre otras.
También se incluyen en esta reducción de plazos a las mujeres víctimas de violencia de género. Según la última Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, el 17,5% tienen una discapacidad ocasionada por esta violencia.
Los menores con discapacidad ejercerán sus derechos en igualdad de condiciones, sin discriminación por motivos de edad o discapacidad, recibirán asistencia y apoyos adaptados a sus circunstancias y tendrán el mismo derecho que los adultos a ser informados y escuchados.
Como novedad, su tramitación ha puesto en el centro a la persona flexibilizando el proceso a través de medios telemáticos y asegurando en todo momento la accesibilidad universal. Asimismo, permite que la persona pueda ir acompañada de una persona de confianza. Esto redundará favorablemente en la autonomía y seguridad de las personas con discapacidades severas o grandes necesidades de apoyo.
También dispone de una valiosa fuente de información para el estudio y observación de las realidades derivadas de la discapacidad, situación real y evolución, permitiendo la comparación entre países, disciplinas y servicios en diferentes momentos a lo largo del tiempo, y facilitando la explotación de información en otros campos de la salud.