Iberdrola, en colaboración con sus Servicios Jurídicos y Fiscales y el despacho de abogados Broseta, ha establecido un acuerdo de cooperación pro bono con la Fundación Adecco y la Fundación Prodis. Este acuerdo tiene como objetivo reducir las barreras de acceso al mercado laboral para las personas con discapacidad intelectual.
Esta colaboración forma parte del proyecto Construyendo Juntos, un programa multidisciplinario en el que los profesionales jurídicos de la compañía, junto con más de 10 despachos de abogados, ofrecen servicios de formación y asesoramiento jurídico y fiscal de alta calidad a entidades sin ánimo de lucro.
A la firma asistieron Santiago Martínez Garrido, secretario general y del Consejo de Iberdrola; Rosa Vidal Monferrer, socia directora de Broseta; Valle Oñate Dancausa, directora general de Prodis; y Arancha Jiménez Ceballos, directora de Estrategia, Fundraising y Desarrollo de la Fundación Adecco.
Para el secretario general de Iberdrola, este acuerdo tiene como objetivo que «el conocimiento jurídico proporcionado a través de esta alianza actúe como una palanca para reducir desigualdades y fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad, así como para ofrecer un acompañamiento informado tanto a sus familiares como a las entidades que los apoyan.»
Por su parte, la socia directora de Broseta considera que esta colaboración «representa una valiosa oportunidad para realizar trabajo pro bono, una práctica con la que Broseta está profundamente comprometida. Además, es un honor desarrollarla junto a Iberdrola, uno de nuestros clientes más importantes, así como con la Fundación Prodis y la Fundación Adecco, con las que ya colaboramos regularmente en diversas iniciativas pro bono.»
La directora general de la Fundación Prodis ha subrayado la importancia de este tipo de alianzas, señalando que son «clave para entidades como Prodis, ya que nos permiten continuar apoyando a personas con discapacidad y a sus familias, que a menudo se encuentran desinformadas. Facilitar una comunicación clara, sencilla y confiable, de la mano de expertos como los servicios jurídicos de Iberdrola y el despacho Broseta, es una oportunidad invaluable que sin duda contribuirá a mejorar el acceso de nuestros usuarios al mercado laboral.»
Por su parte, la directora de Estrategia de la Fundación Adecco ha expresado su «profundo agradecimiento a los equipos jurídicos de Iberdrola y Broseta, que generosamente ponen su conocimiento al servicio de quienes más lo necesitan. Gracias a esta colaboración, abordaremos una de las principales barreras que históricamente han obstaculizado el acceso al empleo para personas con discapacidad intelectual: el desconocimiento del marco legal, que aumenta los temores tanto de las personas afectadas como de sus familias.»
«Después de 25 años trabajando por la inclusión, hemos comprobado que cuando una persona con discapacidad intelectual conoce y entiende sus derechos laborales, enfrenta el proceso de búsqueda de empleo con mucha más confianza, sabiendo que cuenta con los recursos necesarios para superar cualquier desafío o dificultad que pueda surgir. Igualmente, la capacitación de las familias, las entidades y quienes acompañan a estas personas es crucial para brindar apoyo y orientación, asegurando que puedan desarrollar una carrera profesional justa y sostenible a lo largo del tiempo,» ha añadido la representante de la Fundación Adecco.
Un gran desafio de Iberdrola para ayuda a las personas con discapacidad intelectual
Las personas con discapacidad intelectual enfrentan obstáculos significativos para encontrar empleo, como lo demuestran las últimas estadísticas oficiales. Su tasa de actividad laboral es del 36,4%, lo que representa una diferencia de 41,4 puntos porcentuales respecto al resto de la población; es decir, el 63,6% de las personas con discapacidad intelectual en edad laboral ni trabaja ni busca empleo.
Además, la tasa de empleo revela aún más esta desigualdad: solo el 23,8% de las personas con discapacidad intelectual está empleada, un porcentaje 27,3 puntos inferior a la media nacional.
Estas cifras reflejan barreras estructurales que dificultan el acceso al mercado laboral para personas con discapacidad, tales como prejuicios, sobreprotección, falta de experiencia y un desconocimiento generalizado que obstaculiza la inclusión. En este contexto, la formación en el ámbito jurídico es crucial, ya que no solo protege y garantiza los derechos de las personas con discapacidad intelectual, sino que también facilita su acceso al mercado laboral, proporcionándoles las herramientas necesarias para acceder a oportunidades y desarrollar carreras profesionales sostenibles.
Además, es fundamental capacitar a las entidades y personas que acompañan a las personas con discapacidad intelectual en su trayecto laboral, para que puedan ofrecer orientación y apoyo en los aspectos legales más importantes.