Desde el pasado mes de abril de 2023 entró en vigor el nuevo baremo de discapacidad en España. Una petición que llevaba muchos años, ya que este sustituía al que tenía vigencia desde 1999. Así que 24 años después, se le dio un cambio a esta normativa para la discapacidad.
En este sentido, el CERMI ha invocado la disposición adicional quinta del Real Decreto 888/2022, de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad, que enuncia el mandato de que «transcurrido el primer año de aplicación del baremo establecido en este Real Decreto, el IMSERSO en colaboración con las comunidades autónomas y previa consulta al Consejo Nacional de la Discapacidad, realizará una evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación del mismo y propondrá las modificaciones que, en su caso, estime procedentes».
Que el nuevo baremo de la discapacidad sea «justo y eficaz»
El Real Decreto 888/2022 fue diseñado para estandarizar el procedimiento de reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad en España. La evaluación solicitada por el CERMI es un paso crítico para asegurar que el nuevo baremo cumple con su objetivo de proporcionar un sistema justo y eficaz.
Uno de los problemas más denunciados por las personas con discapacidad y sus familias son los retrasos significativos en las valoraciones del grado de discapacidad por parte de las Comunidades Autónomas. En algunos casos, estos retrasos pueden extenderse hasta dos años, lo que provoca una carga considerable tanto para las personas afectadas como para sus cuidadores.
Para abordar estos retrasos, el CERMI ha solicitado a las Comunidades Autónomas que amplíen y refuercen sus estructuras de valoración de la discapacidad. Además, se enfatiza la necesidad de una formación intensiva del personal en el manejo del nuevo baremo y su soporte tecnológico. Estas acciones son esenciales para garantizar una aplicación eficiente y uniforme del baremo en todo el país.
El CERMI propone que se desplieguen planes de choque específicos contra los retrasos en las valoraciones. Estos planes deben ser una prioridad dentro de la acción social de las Comunidades Autónomas. La mejora en la rapidez y precisión de las evaluaciones de discapacidad no solo beneficiará a las personas directamente afectadas, sino que también mejorará la eficiencia del sistema de bienestar social en general.