El Gobierno aprueba una ayuda para desempleados que hayan agotado su prestación

Los posibles beneficiarios tienen que estar en situación de desempleo y estar inscritos en los sistemas públicos como demandantes

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El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un subsidio de 430 euros mensuales para trabajadores que estuviesen recibiendo prestaciones entre el 14 de marzo y el 30 de junio y no tengan acceso a otras ayudas ni posibilidad de incorporarse al mercado laboral.

Según han detallado fuentes del Gobierno, concretamente del Ministerio de Trabajo y Economía Social a Europa Press, la cuantía será el 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem); es decir, 430 euros durante tres meses.

Los posibles beneficiarios tienen que estar en situación de desempleo y estar inscritos en los sistemas públicos como demandantes. Además, podrán acceder al subsidio las personas que estén cumpliendo el mes de espera para acceder al subsidio de agotamiento de la prestación contributiva.

En un comunicado, Trabajo ha apuntado que el subsidio no será compatible con la percepción de la renta mínima; la renta de inclusión, salario social o ayudas análogas de cualquier administración pública.

Medida de ayuda y protección a los trabajadores sin prestación 

También ha recordado que esta medida de protección a los trabajadores sin prestación se ha sometido al diálogo social; estaba recogida en el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo y se materializó en la disposición adicional cuarta del Real Decreto-Ley de 26 de junio.

Recientemente, CCOO y UGT pidieron que se crease la prestación extraordinaria por desempleo que se recogía en el II Acuerdo Social en Defensa del Empleo para quienes consumieron sus prestaciones por paro durante el estado de alarma.

En concreto, la propuesta sindical al Gobierno pasaba por que se reconociese un periodo de reposición de prestaciones a todas las personas que habían percibido y consumido prestaciones por desempleo durante el estado de alarma.

Tanto para CCOO como para UGT, esta era «una cuestión prioritaria que extiende la cobertura de protección más allá de los ERTE dirigidos a mantener y preservar el empleo y las empresas; donde el esfuerzo realizado por la sociedad española es innegable».

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