Algunas personas beneficiarias de una pensión de incapacidad permanente absoluta podrán acceder a ayudas de 18.000 euros por parte del Gobierno de España. Para ello, es preciso que se cumplan una serie de condiciones.
En concreto, el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha declarado como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil a 176 territorios de 14 Comunidades Autónomas de España.
Es decir, territorios que han sufrido algún suceso causado por fenómenos meteorológicos adversos, catástrofes de todo tipo o incendios forestales entre el 27 de febrero y el 14 de septiembre de 2024. Los ciudadanos de estas zonas podrán acceder a una serie de ayudas recogidas en la Ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.
Ayuda de 18.000 euros por incapacidad permanente absoluta
Las ayudas acordadas por el Gobierno de España se establecen en diferentes ámbitos. Entre otras cosas, se ofrece una ayuda de 18.000 euros para aquellas familias que hayan perdido a un familiar a causa de una de las causas descritas anteriormente.
Del mismo modo, también se aprueba una ayuda de 18.000 euros para personas a las que se le haya reconocido una incapacidad permanente absoluta como consecuencia de un fenómeno meteorológico adverso, catástrofe de todo tipo o incendio forestal.
Al respecto, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, expone que «estos sucesos han provocado daños personales en infraestructuras y en bienes públicos y privados que justifican sin duda alguna la intervención de la administración».
Con todo ello, los territorios afectados declarados por el Gobierno de España se sitúan en las siguientes Comunidades Autónomas:
- Andalucía.
- Aragón.
- Canarias.
- Castilla-La Mancha.
- Castilla y León.
- Cataluña.
- Comunidad de Madrid.
- Comunidad Foral de Navarra.
- Comunidad Valenciana.
- Extremadura.
- Galicia.
- Islas Baleares.
- Región de Murcia.
- La Rioja.
Además de todo lo expuesto anteriormente, entre otras ayudas, también se habilitan ayudas máximas de 2.580 euros para particulares por destrucción o daños en enseres de primera necesidad.
El Ministerio del Interior también responderá con ayudas máximas de 15.120 euros por destrucción total de la vivienda habitual; ayudas máximas de 10.320 euros para subsanar daños de la estructura de la vivienda habitual; y ayudas máximas de 5.160 euros para daños en vivienda habitual con carácter general.
Acceso a las ayudas por incapacidad permanente
Tal y como hemos expuesto anteriormente, se habilita una ayuda de 18.000 euros para aquellas personas a las que se le haya reconocido una incapacidad permanente como causa de estos sucesos catastróficos. Sin embargo, solamente podrán acceder a ellas las personas de los territorios mencionados con una incapacidad permanente absoluta.
La incapacidad permanente absoluta se reconoce a un trabajador cuando se considera que sus lesiones y secuelas le inhabilitan para desarrollar cualquier profesión u oficio. Puede derivar de accidente de trabajo, accidente no laboral, enfermedad común o enfermedad profesional.
El reconocimiento de una incapacidad permanente absoluta conlleva la percepción de una pensión contributiva con una cuantía equivalente al 100% de la base reguladora de la persona trabajadora. Además, también es posible cobrar el complemento para reducir la brecha de género en las pensiones.
Ahora, las personas que cumplan con las condiciones descritas anteriormente, también podrán acceder a una ayuda adicional de 18.000 euros. Se trata de una ayuda que ofrece el Gobierno de España directamente.
Como conclusión, desde el Ministerio del Interior señalan que «la ley habilita a otros ministerios la posibilidad de adoptar distintas medidas para paliar las consecuencias de estos episodios adversos, como son la exención en la cuota del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y la reducción en la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas; medidas laborales y bonificaciones y exenciones de cuotas de Seguridad Social; ayudas a las corporaciones locales, así como obras ejecutadas con carácter de emergencia para reparar los daños causados en infraestructuras de titularidad pública».