Esther Acosta Ramírez, del grupo Cota Cero, ha hablado sobre el ictus que sufrió hace 20 años y de las plazas de aparcamiento reservadas para personas con movilidad reducida (PMR) o discapacidad.
«Me recuperé y volví a andar (bueno, más bien a desplazarme) al menos de casa al Parking Municipal donde está aparcado mi coche. Luego vino el bastón y hoy en día para llegar a mi coche, necesito hacerlo sobre mi triciclo eléctrico (ya que la zona alrededor es peatonal)», señala.
Por un lado, habla de un problema, tras la debilidad muscular que le causó el ictus. Y es que a Esther se le acentúan lesiones lumbares al subir diariamente el triciclo a su coche. Tras el primer latigazo lumbar planteó su problema. A día de hoy no puede subir el triciclo al maletero.
Por otro lado, destaca que la solución para el ayuntamiento es que al no haber sitio destinado aparatos de ayuda a la movilidad, cada vez que use el parking municipal debe subir el triciclo a su maletero.
«Llegar al parking con bastón y dolor ya tienen remedio. Los avances en investigación, tecnologías, terapias, medicación, comprensión de lo que significa “vida independiente”, accesibilidad…son muchos desde que tuve el Ictus», señala Esther.
Sin embargo, destaca que «lidiar con la administración, sigue siendo un obstáculo más arduo que las carreras de medicina, arquitectura o psicología».
Saurí, neuropsicólogo e investigador, señala alguno de estos obstáculos. «Los que históricamente se reconocen más son las barreras físicas, es decir, entornos más o menos accesibles en función de las infraestructuras».
No se comprende el modelo social de la discapacidad
El especialista señala que «esto es en lo que más hemos avanzado, pero en cuanto a actitudes, cuesta más. Falta complementar la perspectiva biomédica con el modelo social de la discapacidad, que contempla la relación entre el individuo y el entorno, de forma que el problema no es individual, sino colectivo».
Más allá de las barreras físicas, pesan también las emocionales. Saurí alerta del «paternalismo y la cosificación» que se repite en acciones cotidianas. El paternalismo y cosificación actual, siguen tratando a las personas con discapacidad como a vecinos de segunda
A estos, desde el ayuntamiento, entienden que no deben ni contestar. Como cuenta Esther, «mejor llamar a la madre de la afectada para hablar del asunto. Por lo menos en mi caso, no hay contestación escrita».
Y eso que ella ha realizado:
- 6 escritos registrados;
- Llamadas de teléfono pidiendo cita;
- Petición presencial con la secretaria del Alcalde para tener cita con él;
- Peticiones de cita en atención ciudadana o encuentros casuales con el alcalde por la calle.
«Y dudo mucho que si otra persona, sin discapacidad, quisiera abrir un bar en el pueblo, al primer desacuerdo interesado-ayuntamiento, llamen a sus padres para darle la licencia de apertura del local», señalaba Esther.
Además apuntaba al paternalismo y cosificación sin meternos en el detalle del principio básico de Ley de Protección de datos. En este caso, cualquier tratamiento de datos requiere el consentimiento inequívoco e informado del afectado (salvo las excepciones de la ley, no de otros familiares).
«El silencio administrativo»
«Al problema del silencio administrativo, ya dará cuenta el ayuntamiento al Defensor del Pueblo Andaluz, que algo irregular ha tenido que ver en el trato que me han dado para abrir expediente (Q21/4666). Claro que si a 15/Octubre/2021, el Ayuntamiento no habían contestado al Defensor desde su carta de Junio, ni han contestado a Defensa Ciudadana Activa o al Consejo de transparencia y Buen Gobierno, ¿no sé en qué momento he pensado que me iba a contestar a mí?», explica la perjudicada.
«Aparcado ya el tema de intentar dialogar, mantener reunión, cita o contestación escrita, solo espero que se ejecute ya la ley de Accesibilidad Universal, en el BOE desde 2003. Que aparte de darme solución a mi por pesada o por ser la hija de….se dé solución a un tema que cada día afecta a un colectivo mayor. Al igual que han hecho con sitios para motos, muy acertadamente, por muchas zonas del pueblo, que por fin en el parking, se tenga una zona señalizada, de color diferenciado, con su correspondiente tarifa y, sobretodo, con algún sistema de seguridad», recoge en un escrito Esther.
«No como hasta ahora que dejo mi triciclo tras una columna, en una plaza de coche, de «gratis» como favor que me hace el ayuntamiento y, muy a mi pesar, sin atar. Como me dijo un usuario de silla de aluminio a la que se montaba tras salir de su coche: «mucho me tienen que garantizar que a la silla no le va a pasar nada para que yo la deje suelta»».
La Concejalía que gestiona el parking no lo vio razonable
«Dejar estos aparatos de apoyo en las plazas cercanas a las PMR (plazas de movilidad reducida) ya lo hablamos en 2019. Entonces, la Concejalía que gestiona el parking no lo vio razonable. En 2021, planteando por el Defensor del pueblo, puede llevarse al pleno», señala.
«Siempre he manifestado que daba igual utilizar cualquier sitio, pero siempre cerca del aparcamiento de minusválidos, como escriben muy acertados la Clínica legal de la Universidad de Alcalá, en su orientación jurídica del caso: su ayuntamiento, al impedirle estacionar su vehículo de movilidad personal, aduciendo para ello una interpretación rigorista y meramente formal de la ordenanza, (la ordenanza dispone que en el parking público tan solo pueden ser aparcados automóviles, motocicletas o ciclomotores), estaría incurriendo en una desviación de la finalidad y sentido de las normas reguladoras», explica Esther.
«Por ley, debe haber plazas reservadas para personas con movilidad reducida, pero si estas personas no pueden acceder a esas plazas…se pierde la finalidad y el sentido de facilitarle accesibilidad a la persona con discapacidad», sentencia Esther.