El reconocimiento de una incapacidad permanente total nunca es una buena noticia para un trabajador, ya que implica que presenta una serie de limitaciones y secuelas para desarrollar su profesión habitual, debido a una lesión o enfermedad.
Sin embargo, las personas beneficiarias de una pensión de incapacidad permanente total cuentan con una serie de ventajas económicas, fiscales y sociales. Son aspectos que deben conocer las personas perceptoras de este tipo de pensiones.
Ventajas por cobrar una incapacidad permanente total
La principal ventaja de una incapacidad permanente total es la percepción de una pensión con una cuantía equivalente al 55% de la base reguladora del trabajador. Si la persona beneficiaria tiene 55 años o más y está en paro, el importe de la pensión asciende al 75% de la base reguladora.
Además, las personas que perciben una incapacidad permanente total también pueden recibir ingresos por desarrollar una actividad laboral que sea compatible con sus limitaciones y secuelas.
Por otra parte, desde ‘Fidelitis’ aclaran que «con carácter excepcional, una pensión por incapacidad total puede ser sustituida por una indemnización a tanto alzado. Si eres menor de 60 años, deberás solicitar este pago único dentro de los tres años siguientes a la fecha de la resolución». Para cobrar la incapacidad total como una indemnización es obligatorio cumplir con una serie de requisitos básicos.
Cuando se reconoce una incapacidad permanente total a un trabajador en España, también se le concede una asimilación de discapacidad igual o superior al 33%. Esta asimilación únicamente se aplica para el ámbito laboral.
Es decir, las personas que tienen una incapacidad permanente total pueden acceder a las ofertas de empleo destinadas específicamente para personas con discapacidad. Hablamos tanto de ofertas de empleo privadas como de ofertas de empleo público.
Beneficios fiscales y sociales
Para acceder a diferentes beneficios fiscales y sociales, las personas beneficiarias de una incapacidad permanente total deben tener reconocida una discapacidad igual o superior al 33%, con el correspondiente certificado emitido por los servicios sociales de la Comunidad Autónoma que corresponda.
Así, estos son algunos de los beneficios sociales y fiscales habilitados para ciudadanos que tienen reconocida una incapacidad permanente total y un grado de discapacidad igual o superior al 33%:
- Ayudas para la compra de viviendas de protección familiar.
- Aplicación del IVA reducido por la compra de un vehículo para el uso de personas con discapacidad.
- Exención del impuesto de matriculación y de circulación para coches a nombre de personas con movilidad reducida.
- Ventajas para la inserción laboral, pudiendo acceder a las ofertas de empleo destinadas específicamente para personas con discapacidad.
- Ayudas por rehabilitación de viviendas para adaptarla a las necesidades de la persona con discapacidad.
- Ventajas para el estacionamiento de vehículos, a través de la adquisición de las tarjetas de estacionamiento para personas con movilidad reducida (PMR).
- Ventajas de acceso a tratamientos farmacéuticos y equipamiento médico.
- Ventajas para el transporte público. La mayoría de gobiernos autonómicos cuentan con beneficios de uso de transporte público para personas con discapacidad, de las que se pueden beneficiar las personas que tienen reconocida una incapacidad permanente total.
- Ventajas para la concesión de becas de estudios.
Además, las personas que tienen reconocida una incapacidad permanente total y una discapacidad igual o superior al 33%, también pueden disfrutar de diferentes descuentos en actividades de ocio y cultura.
Como conclusión, los expertos de ‘Fidelitis’ destacan que «distintas instituciones, museos y espacios de ocio y culturales suelen incluir descuentos e incluso entradas gratuitas a personas con discapacidad, al igual que lo ofrecen a estudiantes o a personas de la tercera edad».