El Comité de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ha concluido que España «violó el derecho a la educación inclusiva» de un niño con síndrome de Down que fue enviado a un centro de educación especial por las autoridades nacionales, a pesar de la objeción de sus padres.
En su primera decisión sobre el derecho a la educación inclusiva, el Comité ha llegado a la conclusión de que España no evaluó los requerimientos específicos del niño y no adoptó medidas «razonables» que pudieran haberle permitido permanecer en la educación ordinaria.
Precisan que el Estado no cumplió con las obligaciones que le incumben en virtud de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad.
El niño, Rubén, estudiaba en una escuela ordinaria de León. Con el apoyo de un asistente de educación especial, mantuvo buenas relaciones con sus compañeros y maestros hasta el año 2009. Fue entonces cuando empezó el cuarto curso a la edad de 10 años.
Según los hechos, en ese momento su tutor «no le aceptó por su discapacidad, discriminándole y sometiéndole a situaciones de abandono y maltrato». En quinto curso, su nuevo maestro no consideró necesario asignarle un asistente de educación especial. Eso sí, después de que sus padres se quejaran se le permitió tener uno.
Rubén fue enviado a un centro de educación especial
Sin embargo, Rubén comenzó a mostrar dificultades en el aprendizaje y en la vida escolar. Un informe escolar se refirió al «comportamiento perturbador», a los «brotes psicóticos» y al «retraso en el desarrollo asociado al síndrome de Down» de Rubén. En junio de 2011, la Dirección Provincial de Educación autorizó la matriculación de Rubén en un centro de educación especial a pesar de la objeción de sus padres.
Los padres de Rubén denunciaron los abusos que sufrió ante las autoridades judiciales nacionales, pero no se realizó ninguna investigación efectiva. Sus padres también impugnaron sin éxito la decisión de la autoridad educativa de inscribirlo en un centro de educación especial. Además, las autoridades presentaron una denuncia penal contra los padres por su negativa a enviar a su hijo a una escuela especializada.
Finalmente, Rubén y su padre presentaron su caso ante el Comité en 2017. Tras examinar las alegaciones, el Comité ha llegado a la conclusión de que España «violó el derecho de Rubén a la educación inclusiva».
«No parece que las autoridades del Estado parte hayan realizado una evaluación razonable o un estudio profundizado y pormenorizado de las necesidades educativas de Rubén y de los ajustes razonables que hubieran sido necesarios para que hubiera continuado en un centro de educación ordinario», ha manifestado el miembro del Comité Markus Schefer.
Tan solo busca una educación inclusiva
El Comité ha solicitado a España que garantice que Rubén, quien actualmente se encuentra en un centro privado de educación especial para estudiantes con necesidades especiales, sea admitido en un programa de formación profesional inclusivo; que se le conceda una indemnización y que se investiguen efectivamente sus denuncias de abuso.
Entre otras recomendaciones, el Comité también insta a España a que elimine toda segregación educativa de estudiantes con discapacidad. Tanto en las escuelas de educación especial como en las unidades especializadas dentro de las escuelas ordinarias, y a que garantice que no se persiga penalmente a los padres de los estudiantes con discapacidad por exigir el derecho de sus hijos a la educación inclusiva.
Fin a 10 años de lucha
Con la emoción apenas contenida, Alejandro Calleja ha contado a Síndromededown.net lo que supone para la familia el dictamen del Comité Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, con el que se pone fin a 10 años de lucha sin tregua en los tribunales para defender los derechos y la dignidad de su hijo. “Siempre pensé que ganaríamos la batalla, cada vez que caíamos sabíamos que nos teníamos que levantar. Nuestra lucha no ha sido en vano», nos explica.
Todo comenzó en 2009, Rubén tenía 10 años, y asistía a 4º de primaria en el Colegio Público ordinario Antonio González de Lama. Desde el comienzo de curso su tutor no aceptó su discapacidad, sometiéndole a diferentes situaciones de abandono y maltrato.
Según testificarían más tarde ante el juez dos madres de sus compañeros de clase, el tutor llegó a cogerle del cuello amenazando con tirarle por una ventana y también le amenazó con golpearle con una silla. El mismo manifestó poco después a los padres que su hijo era “insociable y peligroso”, y les aconsejó que le matricularan en un centro de educación especial. Otra profesora del centro le propinó varias bofetadas.
Abandono y desatención del menor en el centro
Al año siguiente (2010) y nada más comenzar 5º de primaria, el nuevo tutor de Rubén no consideró necesario que el niño contase con el apoyo de la Asistente Técnico Educativa, como venía haciendo en los años anteriores. Solo tras la queja de los padres, volvió a contar con ese apoyo, aunque el tutor mantuvo siempre una actitud negativa hacia esta asistente y no colaboró con ella.
Los padres presentaron una queja ante la Dirección Provincial de Educación de León por el abandono y la desatención del menor. En diciembre de ese mismo año, una trabajadora social realizó un informe de Rubén en el que se resalta que el niño comienza a tener problemas de adaptación escolar debidos a la mala relación con el tutor y aconseja cambiarle a otro centro de similares características, nunca a un centro de educación especial.
Asmismo, en diciembre de ese año, y en marzo del año siguiente y sin pedir autorización a sus padres, se realizan dos dictámenes de escolarización. En el primero se habla de un “comportamiento perturbador” del niño, así como de “brotes psicóticos”. Además, de un retraso evolutivo general “asociado al síndrome de Down”.
En el segundo se propone la escolarización del niño en un centro de educación especial. La conclusión de ese informe era inválida pues no tomaba en cuenta los malos tratos y abandono sufridos por el menor, sino que muy al contrario manifestaba que “el trato del profesorado hacia el niño es bueno”.
Largo periplo judicial
En 2011 da comienzo el largo periplo judicial cuando denuncian ante la Fiscalía de menores de León, el maltrato y la discriminación sufridos. Sin embargo, la denuncia fue archivada.
En junio comunicaron a la familia la autorización para matricular a Rubén en el Centro Educativo Especial “Nuestra Señora del Sagrado Corazón de León”. Los padres se negaron y presentaron un recurso por el procedimiento especial de derechos fundamentales ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de León en el que impugnaban la decisión de la Dirección Provincial de Educación. Solicitaron que su hijo fuese matriculado en un centro educativo ordinario. El juzgado desestimó el recurso pues consideró que no se violaba ningún derecho constitucional.
Los padres de Rubén decidieron entonces no escolarizarlo. Empezaron a un largo camino que les obligó a cubrir durante 7 largos años las necesidades educativas de su hijo. Ellos mismos le daban clase en casa, ayudados por diferentes profesores de apoyo. Todos se organizaron para que Rubén continuase con su formación a pesar de la complejidad de las circunstancias.
“A veces todo parecía imposible pero decidimos seguir adelante y no rendirnos”
Después llegaría (2012) el recurso de apelación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Este se desestimaría meses después, y un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (2013), que el citado órgano no admitió a trámite.
“A veces todo parecía imposible – explica Alejandro Calleja, pero decidimos seguir adelante y no rendirnos”. Lo peor estaba aún por llegar. En mayo de 2014 la Fiscalía Provincial de León presentó una denuncia en contra de la decisión de los padres de Rubén de no escolarizarlo alegando que “era constitutiva de un delito penal de abandono de familia”. Padre y madre tuvieron que depositar entonces una fianza, aunque un año después se les absolvió de los hechos.
En 2014 la familia lleva el caso al Tribunal Europeo de los Derechos Humanos de Estrasburgo, pero la demanda es declarada inadmisible por una decisión en formación de juez único, un nuevo varapalo para los padres de Rubén que durante un tiempo pensaron que lo tenían todo perdido. Finalmente, esta historia ha terminado con un final feliz debido a esta sentencia de la ONU.
Actualmente, Rubén se encuentra iniciando el último curso de una FP básica adaptada en la entidad leonesa DOWN LEÓN Amidown. En el que se le permitirá trabajar como auxiliar administrativo en cualquier empresa ordinaria.