María, de 42 años, padece cáncer de estómago y quiere que le reconozcan el grado de discapacidad. Tras solicitarla, en el centro base de valorización y orientación a personas con discapacidad le han reconocido que todavía están tramitando las solicitudes del año pasado, por lo que la suya aún tendrá que esperar, pero ¿es esto normal?
Ante todo hay que distinguir entre la baja y el certificado del grado de discapacidad. Mientras la baja se tramita rápidamente, no ocurre lo mismo con el reconocimiento del grado de discapacidad, ya que es necesaria la aprobación de un tribunal médico.
De esta manera surgen dos problemas: los retrasos y las peculiaridades de los enfermos de cáncer, que a día de hoy, no se tienen del todo en cuenta a la hora de valorar estos casos.
«Pese a que la ley contempla de forma general una respuesta de tres a cuatro meses a todas aquellas personas que soliciten una valoración del grado de discapacidad, sí que es cierto que hay algunas comunidades autónomas en las que estos plazos se están retrasando como es el caso de la comunidad de Madrid, porque se llegan a alcanzar los doce meses tanto en la valoración, como en la resolución del certificado de discapacidad», cuenta Inés Grande, trabajdora social de la Asociación Española contra el Cáncer.
Desde la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid reconocen que tardan de media de cinco a seis meses en otorgar el certificado. Por tanto, esto no cumple los plazos fijados por la ley, argumentando que es un «problema heredado».
De esta manera, los profesionales creen que hay un amplio margen de mejora a la hora de valorar la discapacidad en los pacientes con cáncer. Por ello, la Asociación Española contra el Cáncer, han trasmitido a la Administración la necesidad de tener en cuenta el caso del cáncer, tanto en la valoración del certificado de discapacidad como de la incapacidad laboral debido a las secuelas que puede provocar el cáncer en la realización de actividades diarias.
Por lo tanto, el conseguir el certificado de discapacidad no es un mero contratiempo burocrático, sino un retraso que implica no tener acceso a una serie de beneficios como: facilidades para encontrar un empleo, acceso a la vivienda de protección pública o apoyos educativos. Esta ayuda se presenta imprescindible si tenemos en cuenta que más de 27.000 enfermos con cáncer entran al año en riesgo de exclusión social.