El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha instado a las Comunidades Autónomas a seguir el reciente ejemplo de la Comunidad Valenciana, y regulen de modo adecuado y en sede legal las exigencias de accesibilidad y la atención personal presencial en las estaciones de servicio de carburantes, para que las personas con discapacidad no queden excluidas de este servicio esencial para la movilidad y la autonomía.
La Comunidad Valenciana da continuidad en esta materia a la regulación pionera de Extremadura, aprobada en el año 2018.
El CERMI Estatal saluda la modificación normativa del Estatuto valenciano de las Personas Consumidoras y Usuarias aprobada por el Consell, a través de un Decreto Legislativo, que establece una nueva ordenación legal de las llamadas gasolineras desatendidas, modelo de negocio que discrimina a los conductores con discapacidad que no pueden repostar por sí mismos, y no encuentran personal que los auxilie en estas tareas.
La nueva regulación valenciana, impulsada por el Gobierno autonómico a propuesta y en consulta y diálogo estrecho con el sector social de la discapacidad representado por el CERMI Comunidad Valenciana, dispone unos requisitos muy precisos y exigentes en materia de accesibilidad universal, de modo que se atiendan todas las necesidades de las personas con discapacidad, y si estos no quedan absolutamente cubiertos, por insuficiencias de soluciones tecnológicas o del mercado, opera la obligación de asistencia de personal presencial de apoyo.
La normativa valenciana concilia de forma muy acertada la legislación europea y española sobre libertad de empresa y respeto a la competencia, y la no menos imperativa de protección de las personas con discapacidad contra cualquier tipo de discriminación, incluida la indirecta por la ausencia de condiciones de accesibilidad en los bienes y servicios o la resultante de la denegación injustificada de ajustes razonables por parte de los operadores económicos.
El CERMI Estatal espera que todas las Comunidades Autónomas se inspiren en la legislación valenciana y extremeña y la hagan suya, con objeto de resolver el grave problema que el modelo de estaciones de servicio sin personal, que ha proliferado en los últimos años, supone para las personas con discapacidad y mayores.