El sector de la discapacidad se ha visto muy afectado durante la pandemia del Covid-19. En multitud de ocasiones hemos hablado sobre como ha afectado la crisis sanitaria a la discapacidad, a la accesibilidad o a la dependencia. Si la pandemia está siendo dura en todos los sectores, en estos más, puesto que muchos problemas hacen el doble de daño.
Por todo ello, en la mañana del miércoles 31 de marzo, organizaciones que representan a las personas con discapacidad han reclamado en el Senado más avances políticos y sociales. Todo ello en busca de lograr la ansiada inclusión en la sociedad de este colectivo. Además, solicitan medidas de recuperación y resiliencia para que estas personas puedan salir de la crisis tras la pandemia.
Para ello, han utilizado como ejemplo la recesión de 2008, en el que las personas con discapacidad se vieron en una situación de vulnerabilidad. Por ello, el presidente de Plena Inclusión, Santiago López, asegura que esa imagen no puede volver a verse tras la crisis sanitaria del Covid-19.
«Una inversión urgente» en el sistema de discapacidad
Como solución para que no vuelve a ocurrir ese problema, habrá que poner en marcha «una inversión urgente» en el sistema de discapacidad. Para ello es necesario llevar acabo una «actualización tecnológica» en esta materia. Otra línea a seguir es la «mejora en los dispositivos sociales de apoyo».
También hay que contar con políticas de precio justo o retener a los equipos profesionales con su reconocimiento salarial, entre otras medidas. Por tales motivo, el colectivo de la discapacidad debe estar «sí o sí en la agenda de reconstrucción» tras el Covid-19. Además, considera urgente un «reenfoque» del sistema de dependencia.
Maribel Cáceres, vocal de la Junta Directiva de Plena Inclusión, señala en el Senado la importancia de que una persona con discapacidad intelectual, como ella, pueda estar en la Cámara alta explicando las necesidades del colectivo. También ha lamentado que «en pleno siglo XXI» haya que seguir luchando por unos derechos que ya tienen el resto de personas.
Resulta llamativo, que en este sentido, Extremadura sea la única que cuenta con una oficina de accesibilidad cognitiva en toda España. Por ello, Maribel ha asegurado que ayudar a las personas con discapacidad intelectual es fácil. Por ejemplo, teniendo versiones de webs de empleo o de otros servicios con lectura fácil.
«Un impulso definitivo a la asistencia personal»
Otras de las personalidades que han estado en el Senado ha sido Anxo Queiruga, presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE). Su discurso y sus peticiones han sido muy similar a las del presidente de Plena Inclusión.
Además, ha llamado también a Gobierno y a comunidades autónomas a dar un «impulso definitivo a la asistencia personal». En este sentido, piden que se adapte a las necesidades de las personas, y trabajar en el desarrollo de sistema de autonomía.
Según explica Anxo Quiruga, las administraciones se están centrando más en la atención a la dependencia. A su vez, pide una atención específica para mujeres y niñas; recalcando que cree necesario incluir la perspectiva de discapacidad y de género, de forma transversal, en todas las políticas del país.
Por ello, pide avanzar en la accesibilidad y la atención en las zonas rurales. Para que la «España vaciada no lo sea también de personas con discapacidad». En ese sentido, COCEMFE ha propuesta medidas contra la brecha digital o una mayor inversión en investigación.
Preguntado por los senadores sobre su opinión de la educación inclusiva en centros ordinarios, Queiruga ha mostrado su visión favorable, aunque ha reconocido que debe estar avalada por «apoyos y recursos suficientes». En este sentido, ha señalado que una escuela inclusiva no es llevar a un niño con discapacidad a una escuela ordinaria y «dejarlo aparcado allí». Además de la accesibilidad, ha recordado que se deben adaptar también los recursos pedagógicos.
La estrategia nacional de autismo «en un cajón»
En la misma sesión, también ha comparecido el director general de la Confederación Autismo España, Jesús García Lorente, que ha sido uno de los representantes más críticos con el Parlamento y las administraciones. En primer lugar, ha denunciado que la Estrategia Nacional de Autismo lleva «en un cajón» durante 18 años.
El director general de la Confederación Autismo España ha señalado que esta estrategia es «fundamental» para conocer la prevalencia del trastorno y las necesidades de los afectados. Y es por eso que ha llamado a la nueva ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, a darle un nuevo impulso a esta iniciativa.
También ha reclamado centros públicos para la atención de este colectivo. Y es que, según ha apuntado, no existe ninguno en el país en la actualidad; más apoyo económico para las organizaciones, cuya situación ha empeorado tras la pandemia.
Finalmente, el presidente y la vicepresidenta de la Federación de Asociaciones de Implantados Cocleares de España (AICE), Joan Zamora y Silvia Lazausa, respectivamente, han denunciado que de los 30 millones de mascarillas transparentes anunciadas por el Ministerio de Sanidad no llegaron «ninguna» a los miembros de sus asociaciones ni a sus familias y han tenido que ser ellos quienes de forma gratuita han repartido 30.000 en diferentes ámbitos.
También han denunciado la falta de ayudas hacia su organización que no ha recibido prestaciones del Estado en el reparto de partidas para las entidades estatales para la discapacidad. «A lo mejor no somos idóneos al usar los recursos», se ha preguntado Zamora.
Lazausa, por su parte, ha indicado que la labor que realiza AEICE es muy especializada y sólo ellos pueden hacer la ahora de ayuda y asesoramiento a los usuarios de estos implantes. En la actualidad, ha asegurado sólo cuentan con «voluntarios», por lo que reclaman financiación para poder contratar a personal formado en esta materia.