Los representantes del Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI-Andalucía) ha presentado un programa de movilizaciones que se desarrollarán a partir de noviembre por toda Andalucía para poner fin a la grave situación que padecen sus entidades, centros y servicios por la falta de una financiación justa, lo que pone en riesgo su supervivencia.
Las entidades que atienden al más de medio millón de personas con discapacidad en Andalucía protagonizarán concentraciones de protesta en las puertas de sus sedes y en sus centros, además de impulsar una gran protesta provincial en lugares emblemáticos del centro urbano de las ocho capitales de la comunidad.
Un nuevo modelo de financiación para las personas con discapacidad
Desde el mundo de la discapacidad de Andalucía se reclama un nuevo modelo para una financiación más justa de los servicios y atención esenciales que estas entidades ofrecen a las personas con discapacidad con el objetivo de garantizar su prestación y adecuarla además a sus costes reales, gastos que tienen que soportar las entidades.
La presidenta de CERMI Andalucía, Marta Castillo, ha puesto de relieve la «situación de asfixia que atraviesan las entidades» con el actual modelo y advirtió que actualmente los servicios que prestan están en riesgo por la imposibilidad de asumir los gastos que acarrean, ya que las tarifas están desfasadas y no cubren el gasto real. Para afrontar este problema, CERMI Andalucía solicitó la revisión al alza del coste plaza y la creación de un sistema automático de actualización de precios de los servicios.
El movimiento de la discapacidad andaluza ha presentado un manifiesto en el que se plasman sus reivindicaciones y en el que subraya que es fundamental realizar un estudio del coste real de sostenimiento de los centros y servicios para asegurar su sostenimiento a largo plazo y no depender, como hasta ahora, de mejoras puntuales basadas únicamente en disponibilidad y criterios presupuestarios, sino en un análisis previo y riguroso del coste real de los servicios.
Para ello se propone un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización de su coste de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en los centros y servicios de las entidades.
CERMI-Andalucía asegura que son las entidades las que atienden a este colectivo, cuando se trata de un servicio que compete a la Administración y que, sin embargo, no realiza y a la vez no les concede una financiación adecuada para ello, lo que está llevando a las entidades y a sus centros a “una situación límite e insostenible».
Reivindicaciones para la Junta de Andalucía y el Gobierno de España
Las reivindicaciones de la discapacidad van dirigidas tanto a la Junta de Andalucía y como al Gobierno Nacional. Así, al Ejecutivo de Pedro Sánchez le exigen que elabore y apruebe un Pacto de Estado para la viabilidad del sistema y asegurar que todas las personas tengan los mismos derechos en los distintos territorios. Por ello hay que incrementar la financiación del nivel mínimo de protección, que es abonado íntegramente por la Administración general del Estado (AGE), en función del número de personas en situación de dependencia que se encuentren recibiendo una prestación efectiva; y así alcanzar progresivamente el 50% de financiación de cada administración.
CERMI Andalucía solicita al Gobierno andaluz un nuevo modelo de financiación que financie los servicios públicos que se nos encomienda por falta de medios propios para prestarlos, un modelo que permita cubrir no solo los costes de funcionamiento, sino también los necesarios para ofrecer una atención de calidad, innovadora y ajustada a las necesidades de cada persona.
El manifiesto recoge la demanda de una financiación que cubra los costes reales, por lo que se exige lo necesario para operar de manera sostenible y justa yse demanda un compromiso firme por parte de las autoridades para no tener que luchar año tras año por una financiación básica, ya que se necesita una solución a largo plazo y permanente que confiera estabilidad a las entidades.
Un pacto social y político por la discapacidad
Asimismo, se reclama un pacto social y político por la discapacidad, que garantice la estabilidad de las entidades sociales y de los servicios y recursos que prestan. Las personas con discapacidad merecen una atención constante, sin el temor de que los servicios que reciban puedan desaparecer de un día para otro por falta de recursos.
El manifiesto deja claro que la discapacidad no es una cuestión de caridad, sino de derechos, y que sin estos servicios y atención que prestamos miles de personas y familias quedarían desamparadas, relegadas al olvido y sin el apoyo especializado que necesitan.
El mundo de la discapacidad andaluza hace un llamamiento a toda la sociedad para que nos apoye en esta lucha, porque una sociedad que no protege a sus miembros más vulnerables es una sociedad que falla en su responsabilidad más básica.