El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha denunciado que «España incumple de manera sistemática los dictámenes de Naciones Unidas (ONU) ante casos individuales de violación de derechos fundamentales».
Así lo ha expresado el delegado del CERMI Estatal para los Derechos Humanos y la Convención de la Discapacidad, Jesús Martín Blanco, encargado de conducir el webinario ‘El Protocolo Facultativo de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad’, al que, según ha informado la organización, han asistido telemáticamente más de 250 personas.
El CERMI señala que, al ser España signataria de este protocolo facultativo, permite enviar comunicaciones y quejas individuales ante Naciones Unidas. Esto ocurre una vez agotados los recursos jurisdiccionales internos para que se pronuncie sobre la violación a los mandatos de los tratados de derechos humanos.
«Estos dictámenes deben ser atendidos como sentencias de un tribunal. Estas conclusiones se orientan a reparar derechos conculcados, en este caso por España, al no acatar las obligaciones con el propio tratado«, ha detallado.
En el acto también ha participado Ana Peláez, la primera mujer con discapacidad en formar parte del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), quien ha puesto de relieve la necesidad de denunciar ante la ONU las vulneraciones de derechos fundamentales por razón de discapacidad cuando, además, a nivel nacional no se den respuestas por parte de las administraciones y los tribunales de justicia.
Un procedimiento que «no es largo ni sencillo» para las personas con discapacidad
Jorge Cardona, catedrático de Derecho internacional de la Universidad de Valencia y exmiembro del Comité de los Derechos del Niño de la ONU; ha destacado que «preparar el envío de una solicitud de investigación al Comité lleva varios meses. Esto implica un gran trabajo de investigación para demostrar que hay una violación grave de derechos«.
Entre, ha indicado, se tienen que dar varios factores para que una denuncia sea admitida a trámite por el Comité. Como por ejemplo, la gravedad de la vulneración y si esta, aunque no sea grave, es sistemática.
Cardona ha reconocido que «no es un procedimiento rápido y sencillo». Además, ha lamentado que en líneas generales, no se puedan pedir medidas cautelares mientras se lleva a cabo una investigación.
Sin «reacción» por parte de las autoridades
Del mismo modo, ha recordado que España fue sometida a este proceso de investigación y condenada por el Comité de la Discapacidad de la ONU por no garantizar el derecho a la educación inclusiva, pese a lo cual, el CERMI lamenta que no haya habido «reacción» por parte de las autoridades del país.
El delegado del CERMI para los Derechos Humanos ha finalizado la jornada lamentando la «desidia de España para atender sus obligaciones». Asimismo, también se ha preguntado «por qué se crean expectativas tan grandes en las víctimas si no hay voluntad para hacerlas efectivas».
En este sentido, ha propuesto analizar el derecho interno para dar efectividad a estas resoluciones y aplicarlas como sentencias.
