La Confederación IMPULSA IGUALDAD ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por la falta de control sobre el Real Decreto 1544/2007, que exige que al menos el 5 % de la flota de taxis en los municipios de más de 50.000 habitantes sea accesible para personas con discapacidad.
Pese a que el plazo para cumplir esta normativa expiró en diciembre de 2017, muchas ciudades siguen sin alcanzar el porcentaje mínimo exigido, lo que supone una vulneración del derecho a la movilidad y a la igualdad de oportunidades.
Madrid y Barcelona, entre las ciudades que incumplen la normativa
Según el Observatorio de la Accesibilidad, en 2017 el 63 % de los municipios con más de 50.000 habitantes no cumplía con esta obligación. Actualmente, grandes ciudades como Madrid y Barcelona continúan sin garantizar el mínimo de taxis adaptados, lo que supone un obstáculo diario para miles de personas con discapacidad.
El presidente de IMPULSA IGUALDAD, Francisco José Sardón, ha denunciado que la falta de taxis accesibles limita la autonomía personal de muchas personas, impidiéndoles acceder en igualdad de condiciones a servicios esenciales como el empleo, la educación o la sanidad.
Exigen medidas urgentes al Ministerio de Transportes
La denuncia presentada solicita al Ministerio que tome medidas inmediatas para que los ayuntamientos cumplan la normativa vigente. Entre las acciones exigidas se encuentran:
- Supervisión del cumplimiento de la normativa en todo el territorio nacional.
- Imposición de sanciones a los municipios que sigan incumpliendo.
- Coordinación con administraciones autonómicas y locales para garantizar una aplicación efectiva de la ley.
Si bien la gestión del servicio de taxis recae en los ayuntamientos, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible es el responsable de establecer directrices, normativas y mecanismos de financiación que aseguren el cumplimiento de las leyes de accesibilidad tanto a nivel estatal como europeo.
Desde IMPULSA IGUALDAD han reiterado su compromiso con la vigilancia y denuncia de cualquier vulneración del derecho a la movilidad, exigiendo que se garantice el acceso igualitario al transporte público para todas las personas.