El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha emitido un informe al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. En este informa sobre la evolución de la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el Estado español desde el año 2015.
En este documento, además de valorar los avances, también se hace hincapié en los incumplimientos por parte de España. Entre estos se encuentran la no erradicación de la práctica de esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad y accesibilidad.
El informe ha sido remitido al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para que conste al Ejecutivo la posición de la sociedad civil en esta materia. Su elaboración por parte del CERMI ante el próximo Examen Periódico Universal (EPU) al que será sometido España por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU
Entre las observaciones que no se han cumplido, el documento destaca la ampliación de la protección contra la discriminación por motivos de discapacidad y ante la denegación de ajustes razonables.
También hace hincapié en la revisión de las disposiciones legislativas que autorizan la privación de libertad por motivos de discapacidad; en el impulso de políticas para luchar contra la violencia hacia mujeres y niñas con discapacidad y asegurar su acceso a un sistema de respuesta integrado; y en la mejora de las tasas de actividad laboral de las personas con discapacidad.
Además, el CERMI lamenta que no se haya erradicado la práctica de esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que sufren especialmente las mujeres y niñas. Además, incluye el «incumplimiento» de los mandatos legales en materia de accesibilidad universal.
Otro de los aspectos que destacan en el informe es la «no reversión de los recortes de derechos, prestaciones y apoyos como consecuencia de la crisis económica y de las políticas de austeridad de los poderes públicos aplicadas desde 2008».
Aspectos positivos
Entre los avances, el CERMI destaca la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en 2018, que devolvió el derecho al voto a casi 100.000 personas que estaban privadas del mismo por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo.
Por último, muestran su apoyo al «fortalecimiento de las garantías procesales» de las personas con discapacidad ante un proceso judicial, así como a la reforma de la Ley Orgánica del Jurado Popular para permitir que las personas con discapacidad puedan formar parte de este tipo de tribunales.