La discapacidad es uno de los temas que más enfadado tiene al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, y es que ha explicado que en algunas Comunidades Autónomas de España se tarda hasta más de 4 años en valorarla. Algo indefendible y que se debe de solucionar cuanto antes, ya sea por parte de las citadas CCAA o por parte del ejecutivo central, liderado por Pedro Sánchez.
En este sentido, el Defensor del Pueblo ha hecho entrega al Congreso de los Diputados, recogido por Francina Armengol, su presidenta, el Informe Anual de la actividad del 2024 de la institución, donde se ha advertido de retrasos de hasta más de cuatro años para valorar la discapacidad en algunas comunidades autónomas.
Número «muy alto» de quejas recibidas en 2024 en discapacidad
Este Informe Anual de la actividad del 2024 lanzado por el Defensor del Pueblo expone en el informe que los problemas de retraso para la valoración de la discapacidad siguieron siendo objeto de un número «muy alto» de quejas recibidas en 2024, superando «ampliamente» el de los años anteriores. «Partiendo de que los retrasos, que en algún caso podían superar los cuatro años, se planteaban de forma generalizada en todos los territorios, sin excepción, esta institución estimó oportuno iniciar una actuación general con el conjunto de las administraciones autonómicas», detalla Ángel Gabilondo.
El objetivo de esta explica que era «no solo concretar numéricamente las demoras existentes, o los tiempos medios en la resolución de estos expedientes administrativos, sino también conocer los medios materiales y personales existentes; el diseño y puesta en marcha de planes de choque; las medidas de coordinación con los servicios encargados de la gestión de prestaciones o de ayudas vinculadas al reconocimiento del grado de discapacidad, o la inclusión en los certificados de discapacidad de la necesidad acreditada de concurso de tercera persona».
Además, ha querido dejar claro que las administraciones competentes son «muy conscientes» del problema planteado y asegura que están implementando, en mayor o menor medida y con distintas características, planes de gestión para reducir las «importantes demoras existentes».
La dependencia, otra queja más en España
Por otro lado, el Informe Anual de la actividad del 2024 lanzado por el Defensor del Pueblo recoge que el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), el Defensor del Pueblo indica que las quejas en 2024 se incrementaron, suponiendo ya la cuarta parte de las tramitadas en materia de política social. Estas afirma que, como en años anteriores, el mayor número afectaron a las comunidades autónomas de Canarias y de Andalucía.
Otro punto sobre el que ha habido quejas es el cuidado de personas mayores en centros residenciales. En este punto, expone que, con carácter general, se ha podido constatar la «atención e interés» que las administraciones competentes están prestando a la atención residencial de larga estancia y a los nuevos postulados de atención centrada en los mayores, en su autonomía y dignidad.
Y es que este colectivo se encuentra ante diferentes problemas como son la limitación o la eliminación de sujeciones mecánicas o farmacológicas, que son una preocupación constante para el Defensor del Pueblo. En todo caso, apunta que las comunidades autónomas están reforzando estos últimos años sus servicios de inspección y de control de calidad de los centros residenciales.