Desde el Gobierno de Pedro Sánchez trabajan ya en la oferta de empleo público para 2023. Ya se han mantenido los primeros contactos entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública, que lidera María Jesús Montero, y los sindicatos. Se ve que todavía queda tiempo para que se oficialice esta oferta, pero los primeros contactos han sido buenos y se espera que en los «próximos días» el Consejo de Ministro aprueba la oferta.
Uno de los puntos a destacar de la reunión es que el Gobierno ha lanzado un decálogo de como debe de ser la nueva oferta de empleo público. Se supone que esos criterios van a ser los que van a regir la oferta de empleo público de 2023.
La respuesta de los sindicatos a esta propuesta ha sido clara: necesitan conocer esta información antes del encuentro. «La Administración remite a futuras reuniones, sin comprometerse siquiera a facilitar esta información para los próximos encuentros».
10 criterios sobre la nueva oferta de empleo público
Según han informado los sindicados, la ministra María Jesús Montero ha informado a los sindicatos de cuales son los 10 criterios que pretende que rijan la oferta de empleo público. Estos se basan en:
- Generación de empleo público
- Garantía de promoción interna
- Estabilización del empleo temporal
- Empleo inclusivo
- Digitalización y atención a la ciudadanía
- Refuerzo del ámbito de justicia
- Refuerzo de la administración local
- Presencia suficiente de personal laboral
- Territorialización de plazas de administración local
- Agilización y mejora de procesos selectivos
Como ocurre con este tipo de propuestas, después serán llevadas a encuentros con los sindicatos para ver si son realistas y se ajustan a la necesidad de una oferta de empleo público.
Los sindicatos proponen una línea a seguir al Gobierno
Tras el encuentro, desde el sindicato de Comisiones Obreras han criticado la actitud del Gobierno. Y es que no considera que sea oportuno que no hayan recibido el documento hasta la propia reunión, cuando este tipo de material se puede conocer con antelación. Por su parte, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha asegurado que trabajará sobre el mismo para concretar una oferta de empleo público que contribuya a la creación de empleo neto y al rejuvenecimiento de plantillas y que permita reforzar la atención a la ciudadanía.
CSIF ha asegurado que va a trabajar estos días para concretar las cifras y adecuarlas a las necesidades de la administración. Todo ello con el objetivo de que la oferta responda a las expectativas generadas. Para ello, reclaman que se contabilicen todas las bajas producidas en el último año y se planifiquen las necesidades de cada ámbito.
Además, exigen que se dé cumplimiento a acuerdos pendientes de la oferta de empleo público del año pasado como el de promoción interna o la convocatoria de plazas correspondientes a 2020 y 2021 –en torno a 6.000 plazas entre personal laboral y funcionario–.
De su lado, CCOO ha insistido en la necesidad de un diagnóstico y de la identificación del problema global de plantilla, y que dentro de las medidas urgentes debe procederse a la incorporación inmediata de un volumen adicional de empleo. Y señala como urgente la necesidad de disponer de datos efectivos con los que poder trabajar, relativos a las bajas del período anterior desagregadas por sexo.
«Sin embargo, la Administración remite a futuras reuniones, sin comprometerse siquiera a facilitar esta información para próximos encuentros», han denunciado. CCOO ha recodado que la OEP debía haberse publicado en el primer semestre de 2023. «Este retraso no puede justificar que se plantee una imposición atropellada», han criticado.
