El Gobierno de España ha aprobado definitivamente la eliminación del despido automático tras el reconocimiento de una pensión de incapacidad permanente, con la modificación del artículo 49.1.e del Estatuto de los Trabajadores.
Esta reforma de la legislación tendrá efectos importantes tanto en los trabajadores como en las empresas. Además, supone un beneficio relevante para todas las personas a las que se le reconozca una pensión de incapacidad permanente en España.
Efectos de la reforma de incapacidad permanente
La incapacidad permanente es un tipo de pensión destinada a paliar la pérdida de ingresos que sufre un trabajador debido a una lesión o enfermedad, que reduce o anula su capacidad laboral.
Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, argumentan que «esta medida supone un nuevo blindaje de los derechos de las personas con discapacidad y permitirá alinear nuestro marco laboral a los mandatos de la Ley de las personas con Discapacidad«.
Además, añaden que «el objetivo es ofrecer un empleo decente para las personas con discapacidad, eliminando una discriminación como la que suponía el despido automático en determinadas situaciones de discapacidad, priorizando opciones como la adaptación del puesto de trabajo o el pase a otras funciones».
Hasta el momento, la finalización de la relación laboral tras el reconocimiento de una incapacidad permanente a un trabajador estaba en manos de la empresa. Sin embargo, a partir de ahora, será el trabajador el que tenga la potestad de elegir en su nueva situación.
Concretamente, el trabajador al que se le reconozca una incapacidad permanente, podrá elegir entre las tres siguientes opciones:
- Adaptación de su puesto de trabajo.
- Reubicación en otro puesto de trabajo diferente dentro de la propia empresa, siempre que se trate de un puesto vacante y adecuado a sus nuevas necesidades.
- Optar por la finalización del contrato de trabajo.
En este sentido, el trabajador dispondrá de un plazo de un mes desde el reconocimiento de la incapacidad para tomar una decisión respecto a su nueva situación, teniendo en cuenta las tres opciones descritas anteriormente.
Consecuencias para las empresas
La reforma aprobada por el Gobierno de España también tendrá consecuencias importantes para las empresas, ya que deberán ajustarse a lo que marca la nueva legislación en materia de empleo.
Hoy saldamos una deuda histórica con las personas con discapacidad corrigiendo una vulneración de sus derechos fundamentales. Eliminamos el despido automático de las personas trabajadoras cuando sufren una incapacidad permanente.
Hoy somos un país mejor. pic.twitter.com/bTJH4HXs5W
— Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) July 23, 2024
Es decir, las empresas tendrán la obligación de adaptar el puesto de trabajo para su empleado cuando sea necesario o reubicarlo en otro lugar de trabajo dentro de la propia compañía.
Respecto a este hecho, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social aclaran que «el texto aprobado también establece los criterios que permiten determinar cuándo los ajustes necesarios constituirían un coste excesivo para la empresa valorando, de manera específica, si los gastos de adaptación pueden sufragarse con ayudas o subvenciones públicas de manera parcial o total y, en su caso contrario, si son excesivos en relación con el salario medio, el tamaño y el volumen de negocio de de la empresa».
Una vez que el trabajador tome una decisión respecto a su nueva necesidad, la empresa tendrá un plazo de tres meses como máximo para atender a la demanda del trabajador. Es decir, adaptar el puesto de trabajo del empleado o reubicarlo dentro de la propia empresa.
Mientras se ejecutan estas adaptaciones, el trabajador seguirá cobrando el subsidio por incapacidad temporal. Por tanto, el trabajador tendrá una cobertura de protección durante dicho periodo.